De acuerdo a nuestra estructura democrática nosotros votamos cada cierto tiempo (1) para elegir autoridades; el acto de votación supone que el candidato a ser autoridad y por el cual hemos decidido votar ha generado por alguna razón convencimiento en nosotros para entregarle a través del voto autoridad sobre parte de nuestros destinos. Cada cargo elegido tiene particularidades especiales dependiendo de su importancia y sus competencias, pero todos ellos tienen algo en común: son parte del gobierno.
Un primera conclusión a partir del sentido común es que si ellos, los elegidos, son quienes gobiernan, los demás, en realidad nosotros, somos gobernados y participamos del gobierno a partir de la recepción de las consecuencias del mismo. Pero sucede, a contradicción, de lo antes mencionado, que ello no es cierto, los gobernados tenemos derecho a que permanentemente se nos atienda y escuche, así lo indica nuestra Constitución Política en el numeral 20. del artículo 2º.
Tener derecho a ser escuchado y atendido no es igual a tener la razón, a estar en lo correcto ; por este motivo quienes requieren del Estado acciones, inacciones, decisiones o revocaciones pueden recibir una respuesta negativa, por distintas y diversas razones.
La participación ciudadana en consecuencia tiene, o mejor dicho debería tener, ese límite; allí donde no tenga razón, donde no esté en lo correcto (2), donde perjudique a muchos para beneficio de unos pocos, debería obtener una respuesta negativa.
Antes de seguir con el razonamiento, corresponde una aclaración, si bien estoy convencido que el gobierno puede decir que no sin mayor timidez, no es menos certero afirmar que esa negativa debe estar fundamentada y ser explicada a la población.
Esa respuesta negativa pudiera no convencer, no creo que sea labor de los gobiernos convencer, si lo es, insisto, explicar de modo sencillo, natural y, sobre todo, fundamentado. Pero, ¿estamos preparados colectivamente para recibir un no como respuesta? Creo que las tomas de carreteras, las exigencias para que acudan autoridades con “decisión política” a las poblaciones nos dicen que no; si esto es así, ¿para qué hemos elegido gobernantes, si no aceptaremos sus decisiones?
Gobernar de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española es:
gobernar.
(Del lat. gubernāre).
1. tr. Mandar con autoridad o regir algo. U. t. c. intr.
2. tr. Dirigir un país o una colectividad política. U. m. c. intr.
3. tr. Guiar y dirigir. Gobernar la nave, la procesión, la danza. U. t. c. prnl.
4. tr. Manejar a alguien, ejercer una fuerte influencia sobre él.
5. tr. vulg. Componer, arreglar.
6. tr. ant. sustentar (‖ proveer del alimento necesario).
7. intr. Dicho de una nave: Obedecer al timón.
8. prnl. Regirse según una norma, regla o idea.
9. prnl. ant. comportarse.
En ninguna de las líneas de nuestro Diccionario oficial se indica que quien gobierna compartirá la capacidad de dirección, pero, las modernas tendencias del open government indican lo contrario. En consecuencia, antes de dirigirnos con fuerza a esquemas de participación, de ogov o alguna otra forma de compartir las decisiones, lo que implica una población que de forma madura sepa escuchar razones y eventualmente negativas, creo que nacionalmente debemos hacer un esfuerzo para reconocer los liderazgos de los gobiernos y tener capacidad de razonablemente escuchar los “no se puede” que vengan adecuadamente fundamentados.
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(1) Un punto inicial de discusión es la determinación de los periodos de gobierno y de renovación, o reafirmación de autoridades. Sinceramente creo que, basados en los tiempos requeridos para la concreción de las políticas públicas, le sería mas útil a un país como el nuestro tener periodos mas largos de gobierno pero con medidas mas agresivas de control político/ ciudadano y de revocación de autoridades.
(2) En el peor de los casos podremos estar en lo correcto para nosotros, para nuestro grupo humano pero no para la mayoría de la colectividad.
