El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Gobierno de Ecuador, a través de la Secretaría Nacional de Administración Pública (SNAP), tienen el placer de anunciar la celebración del “XIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública” que se llevará a cabo en Quito, Ecuador, del 11 al 14 de noviembre de 2014.

xix congreso clad

Conferencias plenarias

Durante el evento, tres reconocidos especialistas dictarán conferencias plenarias:

Carles Ramió

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración, y Vicerrector de Planificación y Evaluación de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). España

“Procesos de institucionalización e innovación en América Latina: ¿respondemos bien a estos retos los teóricos y prácticos de la Administración Pública?”

Bronwen Morgan

Professor of Law, Australian Research Council Future Fellow, School of Law, University of New South Wales (UNSW). Australia

“The rise of the Regulatory State of the south”

Massimo Florio

Professor or Public Economics and Jean Monnet ‘ad personam’ Chair of EU Industrial Policy, Università degli Studi di Milano (UNIMI). Italia

“Reviving public enterprises: theory and international evidence”

Áreas temáticas

Las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente a alguna de las siete áreas temáticas que se especifican a continuación, y su abordaje deberá estar orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se plantean para cada una de ellas. Las áreas temáticas serán coordinadas por profesionales externos de relevante trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité Evaluador y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos coordinadores de área temática también asistirán a los paneles de su área y formularán un conjunto de conclusiones que serán expuestas en la sesión de clausura del Congreso.

Profesionalización de la Función Pública para fortalecer la capacidad de gestión del Estado y de respuesta a la sociedad

Coordinadora: Mónica Zorrilla. Subsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM). Argentina

El marco en el cual cobra sentido sostener el debate en torno a la profesionalización de la función pública en el espacio iberoamericano, está dado principalmente por los procesos de transformación del Estado contemporáneo. Hacer posible para todos los habitantes alcanzar condiciones que permitan el pleno y libre desarrollo de sus capacidades esenciales es el desafío de las democracias, y el Estado y su Administración constituyen un instrumento institucional y organizativo imprescindible para ello.

La Carta Iberoamericana de la Función Pública constituyó un jalón importante, hace diez años, para expresar un consenso sobre la importante función que la profesionalización tiene en el desarrollo democrático y ha venido inspirando diversas acciones en nuestros países. Al trazar objetivos, exponer principios y sugerir acciones e instrumentos para materializarlos, resalta en ella como virtud evitar proponer modelos cerrados o instrumentos únicos para progresar en reformas sustentables de los servicios civiles. Así abrió perspectivas para poner en escena la contribución clave de los ciudadanos en tanto trabajadores estatales para consolidar democracias pero también para asegurar una gestión pública efectiva, honesta y al servicio de los intereses de nuestras naciones. De esa contribución trascendente se desprende la importancia a darle a la adecuada y dignificante gestión del desempeño laboral de nuestras burocracias frente a las ideas obsoletas de la mera administración de recursos humanos, y de su denigración al compás de las corrientes privatistas y neoliberales que asolaron nuestras historias recientes. De ahí que la Carta argumentó en favor del principio del mérito pero sin dejar de destacar la necesidad eimportancia de dotar de adecuada y conveniente flexibilidad a las políticas y modelos a seguir en procura del desarrollo y profesionalización de los servidores públicos.

En atención a estas referencias, resulta más que propicio y conveniente orientar reflexiones sobre la Carta Iberoamericana de la Función Pública diez años después y con relación al retorno de un Estado activo y presente en la asunción de su ineludible responsabilidad por el desarrollo con más plena equidad e inclusión en un tiempo esperanzador con rasgos inconfundibles de un cambio de época, de paradigmas y esperanzas de cuño popular y democrático.

Resulta oportuno invitar a autoridades y funcionarios públicos, expertos, consultores, investigadores, académicos y representantes gremiales del sector, que compartan reflexiones, investigaciones, propuestas y experiencias exitosas y de las otras. Es de la mayor pertinencia traer a debate las distintas políticas y programas de profesionalización que tengan lugar en los gobiernos a todo nivel: local, regional, estadual, nacional e incluso en el ámbitos de organismos regionales e internacionales.

Pero también compartir la consideración de múltiples dimensiones que entran en juego en la profesionalización y la gestión efectiva del desempeño y rendimiento laboral de nuestros trabajadores en las instituciones públicas, en la democratización de las relaciones laborales mediante la participación en la negociación de sus condiciones laborales, en el diseño y manejo de los regímenes de servicio civil y de carreras administrativas estimulantes de la mayor idoneidad, honestidad e involucramiento en el servicio a los ciudadanos;en la problemática del ejercicio de la dirección y jefatura de las dependencias públicas; en la formación, capacitación y desarrollo continuos de competencias laborales del personal; en las enseñanzas aquilatas en materia de experiencias realizadas en materiasde selección para el ingresoy el ascenso, de la evaluación del desempeño, de políticas atractivas de remuneración e incentivos, así como en el desarrollo y aplicación de TICs en políticas y gestión del personal, entre otras.

Finalmente, será importante contar con contribuciones que den cuenta de enfoques teóricos y analíticos en estas problemáticas, y también de iniciativas que se proyecten desde el diseño y la organización de una función pública que permitan apreciar resultados y mejorascon relación a la participación ciudadana, la calidad, eficiencia y distribución de los servicios públicos como así también de la debida orientación de las contribuciones laborales a la obtención de impactos observables en términos de capacidades estatales y administrativas que sustenten la gestión de los recursos y políticas públicas eficaces para los gobiernos democráticos de la región y de los intereses y aspiraciones de nuestros pueblos.

Innovación y gestión de calidad como mecanismos de una Administración Pública eficiente y efectiva

Coordinador: Víctor Iraheta. Coordinador del Área de Fortalecimiento Institucional y Gestión de Calidad de la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República. El Salvador

A fin de orientar las propuestas de paneles para el área temática, es necesario establecer una serie de elementos de gestión que permitan abordarla de manera coherente, pero sobretodo íntegra. La base de este planteamiento se establece a partir de las últimas tendencias que en materia de gestión institucional se están impulsando en nuestras administraciones públicas.

Un primer elemento que se debe abordar es la existencia de un modelo de autoevaluación institucional, o al menos la autoevaluación sobre el grado de implementación de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública; esto brinda un excelente punto de partida para una gestión de excelencia. Como segundo elemento y, tomando en cuenta la autoevaluación antes mencionada, se debe abordar la determinación del nivel de fortalecimiento institucional existente en las organizaciones (grado de alineamiento organizacional y nivel de gestión de las instituciones). Este fortalecimiento institucional trae consigo tres componentes técnicos de gestión institucional: a) el direccionamiento estratégico institucional, derivando de ello una planeación operativa útil y adecuada, y diferenciándolo claramente de la planificación técnica, sectorial o nacional -este direccionamiento incluye el control de la gestión estratégica que se apoya en instrumentos como el cuadro de mando integral-; b) la gestión por procesos, que es la columna vertebral de la gestión, incluyendo la metodología novedosa de implementación de procesos, con la que la automatización de los mismos deja de ser un proyecto informático para pasar a ser un proyecto de gestión por usuarios; y, c) el diseño organizativo derivado de la gestión por procesos, generando estructuras acordes con los resultados.

El tercer elemento a abordar viene a ser el comportamiento organizacional, lo que incluye desde el trabajo en equipo hasta la comunicación institucional; todos sabemos que sin este “aceite” es imposible la introducción de cambios. Un cuarto elemento lo representan las estrategias utilizadas para la gestión de calidad en las instituciones (proyectos de mejora, 5s, cartas compromiso, sistemas normalizados de gestión, entre otros), sin perder de vista que este elemento tiene sentido, sí y sólo sí, el principio de mejora continua es una realidad en la institución. Como quinto elemento, y complementario al elemento anterior, se deben abordar los modelos de excelencia, expresados generalmente a través de la estrategia de los Premios Nacionales a la Calidad. Finalmente, el último elemento, totalmente novedoso para la gestión pública, es la introducción de la participación ciudadana en la gestión pública, ya no sólo como un aspecto determinante en el diseño de políticas públicas, sino como un elemento íntimamente relacionado con el diseño de los servicios que se entregan a la ciudadanía, que requiere un lugar privilegiado en el entramado organizativo de nuestras instituciones.

En función de esto último se plantea un elemento adicional con respecto a la innovación, y es que ésta se entienda como un producto resultante de la participación protagónica de los actores (personal operativo de nuestras instituciones y ciudadanos) y no de los cuadros directivos. Este protagonismo puede darse en cualquiera de los elementos anteriormente descritos.

Descentralización y gestión local en el marco del desarrollo nacional integral

Coordinador: Richard Ortiz. Secretario Relator de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Ecuador

Los procesos de descentralización se han estudiado desde varios enfoques teóricos, entre los que se destacan: a) el económico, que propone que los gobiernos locales mejoran su gestión si tienen la responsabilidad de obtener sus propios ingresos y determinar sus gastos; b) el sociológico, que acentúa la importancia del vigor de la sociedad civil y del gobierno local en el control de la actividad pública y en la creación de nuevos espacios de participación; c) el jurídico, que platean el problema el tipo de Estado (federal o unitario) y su armonía con el marco jurídico del ordenamiento territorial; d) el de la nueva gestión pública, que mira a los gobiernos locales como instrumentos para mejorar la gestión de los servicios públicos; e) el politológico, que se centra en explicar las causas de la descentralización y sus efectos sobre las instituciones políticas; y, f) el de organismos multilaterales, que, con cierto optimismo, ofrecían la descentralización como medio para superar la crisis del Estado de bienestar centralizado.

En consideración de esta diversidad de estos estudios, la agenda de investigación de la descentralización debería (entre otros temas) poner mayor rigor en el trabajo conceptual y evitar que la descentralización, por su amplitud, se vacíe de contenido; repensar el valor normativo de la descentralización y mostrar de manera equilibrada sus ventajas y desventajas; hacer una balance de los aspectos positivos y negativos de las relaciones Estado central y periferia, con el fin de determinar el rol específico de las relaciones intergubernamentales en el desarrollo nacional; revaluar los objetivos de la descentralización en contextos con diversas condiciones sociopolíticas y económicas; estudiar los efectos sobre la redemocratización del sistema político; analizar cuáles son las condiciones para que las administraciones locales asuman los retos de sus nuevas competencias. Todas estas cuestiones son preguntas empíricas que requieren datos y estudios comparados y un diálogo multidisciplinar entre los diversos enfoques teóricos.

Una Administración Pública inclusiva, no discriminatoria y participativa

Coordinadora: Betty Espinosa. Profesora e investigadora de FLACSO. Ecuador

Al revisar las políticas públicas en América Latina en las últimas décadas, podemos constatar que luego de la aplicación de las políticas de sustitución de importaciones que privilegiaron la expansión del mercado interno y el desarrollo de acciones públicas estatales a través de enfoques que se podrían identificar claramente como top down, a partir de los años 80 se impulsaron en la Región procesos políticos que modificaron significativamente el contexto institucional en que se piensan, diseñan, ejecutan y evalúan las políticas públicas y que crecientemente han recurrido a enfoques participativos a través de la aplicación de nociones y estrategias diversas.

Estos nuevos enfoques han buscado responder a las presiones de los movimientos sociales que desde diversas perspectivas han planteado exigencias de participación en las decisiones gubernamentales nacionales y locales. Así hemos asistido a la emergencia de nuevos actores y a la incorporación de una multiplicidad de derechos individuales, colectivos y de la naturaleza en las agendas, en las políticas y en las normativas.Actores como los pueblos indígenas, los ecologistas, el movimiento feminista y múltiples movimientos y grupos se han ido construyendo en la acción de la crítica al reclamar la participación en las decisiones que les afectan actualmente o que podrían afectarles en el futuro en torno a proyectos, programas, políticas o leyes, y de esta manera progresivamente se han involucrado en los procesos de decisión política y técnica. Paralelamente se han desarrollado debates sobre la igualdad, la inclusión y la equidad que apuntan a disminuir las desigualdades estructurales.

En este contexto, se han diseñado diversos mecanismos que apuntan a enfrentar las críticas tanto al sistema representativo como a las relaciones asimétricas que se pueden observar en acciones sociales y económicas, los mismos que se enmarcan a su vez en críticas más generales a los regímenes totalitaristas, a la burocratización, a los modelos top down. Asimismo han contribuido a este desarrollo crítico las nociones de democracia participativa y acción comunicativa.

Por ejemplo, en las últimas décadas se han multiplicado procedimientos como los sondeos de opinión, los referendos, los sorteos, las asambleas, los consejos participativos, los presupuestos participativos, las consultas previas, la silla vacía, la participación de padres de familia y la comunidad en el sistema escolar, las asociaciones de pacientes, las mingas para contribuir a la construcción o reparación de espacios públicos, entre otros. Asimismo se han planteado, desde las teorías económicas, los problemas de asimetrías de información o las fallas de mercado.

Esos procedimientos han sido objeto de estudios, debates y, a su vez, de nuevas críticas que demandan que apuntan a poner en duda una participación dirigida y/o focalizada en acciones instrumentales. De esta manera se han propuesto igualmente mecanismos como los “foros híbridos” como instrumentos de democracia técnica para aplicarlos a situaciones controversiales que involucran a poblaciones, tales como el manejo de reservas marinas, fuentes de agua, desechos, explotación petrolera y/o minera, construcción de grandes infraestructuras como aeropuertos o proyectos hidroeléctricos,… Estos mecanismos altamente especializados y por tanto heterogéneos se centran el desarrollo de racionalidades procedimentales más que en una racionalidad sustantiva y apuntan a la igualdad en el acceso a los debates por parte de actores diversos, la transparencia y la claridad de las reglas.

En esta área temática se invita a presentar trabajos que analicen las acciones de participación en América Latina, desde diversas perspectivas con el propósito de contribuir a los debates tanto teóricos como metodológicos.

Derecho público y garantías jurídicas en la Administración Pública

Coordinador: Jorge Danós. Presidente de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo. Perú

En el marco de una reforma del Estado que permita cumplir con los lineamientos de un Estado Social y Democrático no cabe duda de que uno de los principales objetivos de la Administración Pública radica en su configuración como un instrumento de poder público al servicio del ciudadano, útil para el ejercicio pleno de sus derechos. Tomando en consideración esta premisa, desde hace varios años se vienen impulsando e implementando una serie de medidas vinculadas directamente a la modernización de la Administración Pública, la simplificación administrativa, la reforma del empleo público, la implementación de políticas anticorrupción, la modernización de regímenes de contrataciones del Estado, la promoción de asociaciones público-privadas, la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública.

Entre otras cosas, no cabe duda de que la implementación de esta serie de medidas puede contribuir al alcance de un conjunto de objetivos de inapreciable valor en el desarrollo contemporáneo como es el caso de la gestión eficiente de recursos, el favorecimiento del ejercicio de libertades por parte de los particulares, el incentivo de la participación ciudadana, la promoción de la rendición de cuentas, así como la reducción de la corrupción, mal que perjudica a distintos países de la región desde momentos muy tempranos en sus historias. En suma, una serie de valores que se encuentran directamente en la base del ejercicio democrático y en la promoción del bienestar social.

De este modo, el análisis de las políticas públicas que se impulsan para alcanzar la modernización del Estado, desde una perspectiva jurídico-legal, constituye un centro de interés en la medida que permite la mejora permanente y el análisis continuo de las experiencias que pueden ser replicadas en otros ordenamientos jurídicos o, eventualmente, en diferentes sectores de interés público.

En ese orden de ideas, esta área temática busca acoger estudios que analicen proyectos innovadores, medidas implementadas y, en general, distintas experiencias vinculadas a marcos normativos que impulsen prácticas referidas a los diversos aspectos de reforma del Estado antes descritos, desde una perspectiva jurídico-legal y en cualquier nivel de gestión pública, así como un examen de los resultados que han podido ser obtenidos en el marco de consolidación de estos procesos.

Políticas públicas eficaces en un contexto de demandas sociales crecientes

Coordinador: Gonzalo Gosalvez. Director de Participación Ciudadana de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Bolivia

En el debate sobre las políticas públicas es importante la reflexión sobre su eficacia y su relación con la sociedad.

La eficacia de las políticas públicas no está en función de sus posibilidades técnicas, principalmente responde: a) a criterios sociales que definen sus contenidos; b) a que las políticas públicas no son otorgadas como un don por el Estado, el grado de su eficacia resulta de la forma en que las sociedades y pueblos hacen frente a sus necesidades a través de este mecanismo de la institucionalidad estatal; c) a las características de la totalidad de su proceso en la elaboración e implementación; y, d) al grado de participación y apropiación por parte de la ciudadanía. Así, la eficacia, no es un fin en sí mismo, está determinada por una condición humana-social fundamental al servicio de la vida de los pueblos, es como una estrategia al servicio de un objetivo mayor: el desarrollo y bienestar humanos.

Los ámbitos de esta temática abarcan: los derechos humanos; la soberanía y dignidad efectivas; el respeto a la diversidad; la priorización del bien común; reconocimiento y respeto de los derechos de la madre tierra; uso y aprovechamiento sostenible y colectivo de los recursos naturales; el servicio del Estado a la sociedad y la conciencia de derechos de los ciudadanos; la implementación de sistemas integrales de tecnologías en las políticas públicas; mecanismos empleados para su gestión.

Esto implica también la necesidad de reflexionar sobre la definición, objeto y utilidad de las políticas públicas, o su relación con la sociedad en su construcción y su aplicación.

Cuando el carácter democrático, participativo y de involucramiento de la sociedad es alto, la eficacia de las políticas públicas se expresa en una mayor articulación entre estas con las demandas y su movilidad, el conocimiento de este movimiento, nos ayuda a comprender: los contenidos y las características de las demandas, el involucramiento de la sociedad con el Estado y las políticas públicas, y, el nivel de visión de la sociedad en relación a sus demandas particulares y a la gestión de lo común.

El Gobierno Abierto como impulsor de la transparencia, la ética y la creación de valor público

Coordinadora: Mila Gascó Hernández. Investigadora del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE. España

Ya son muchas las organizaciones y administraciones públicas de Iberoamérica que han puesto en marcha proyectos de gobierno abierto con el objetivo de redefinir las relaciones entre ellas y los ciudadanos. La academia también se ha hecho eco de esta tendencia y, desde diferentes disciplinas, ha empezado a estudiar las dimensiones y herramientasdel gobierno abierto.

Los beneficios atribuidos a las iniciativas de gobierno abierto son muchos y están universalmente aceptados. Diferentes autores se han referido al hecho de que un gobierno abierto da lugar a procesos de toma de decisiones más efectivos, protege contra la corrupción, permite el escrutinio público y promueve la confianza de los ciudadanos en el gobierno. A pesar de estas importantes ventajas, la puesta en marcha de iniciativas de gobierno abierto no resulta fácil. Los diferentes significados que adquiere el concepto en distintos contextos, la falta de estrategia, la focalización en la apertura de datos como iniciativa estrella en este campo son solo algunos de los factores que condicionan su avance. Como resultado, hoy en día, puede decirse que el desarrollo del gobierno abierto es desigual y heterogéneo. Hay confusión sobre el mismo concepto (qué es y qué no es una iniciativa de gobierno abierto, la diferencia con otros términos como el de gobierno electrónico, la novedad del término,…), sobre su proceso de implementación y sobre su impacto real.

En este contexto, el área temática tiene como objetivos: a) dar a conocer experiencias de gobierno abierto en Iberoamérica, b) analizar la importancia del gobierno abierto para la gobernanza pública, c) analizar los factores críticos de éxito de los procesos de diseño e implementación de iniciativas, y d) indagar cómo los factores contextuales determinan el éxito o fracaso de los proyectos de gobierno abierto. Para ello, se pretende promover el debate práctico y conceptual sobre todas aquellas cuestiones que todavía presentan importantes retos. Se esperan, así, ponencias que aborden el estado del arte pero, también, las implicaciones de, entre otros aspectos, la apertura de datos, la reutilización de información, las redes sociales, la interoperabilidad, el rol del CIO, la co-producción/co-creación de servicios públicos, la innovación social, la participación y la transparencia.

Formulario de inscripción

Para inscribirse en el Congreso deberá completar el formulario de registro. A partir del 24 de octubre el formulario de registro estará deshabilitado y recibiremos las inscripciones directamente en la sede del Congreso.

Sede

La sede del XIX Congreso Internacional del CLAD será el Swissôtel Quito, ubicado en 12 de Octubre 1820 y Luis Cordero, Quito, Ecuador (http://www.swissotel.com/hotels/quito/)

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