Carlos Castillo (*) El arbitraje en contratación pública es uno de los más importantes de nuestro medio, entre otras razones, porque el Estado es su principal protagonista.
Varios especialistas han realizado estudios que abordan temas específicos en este arbitraje. En cuanto a investigaciones globales es pertinente consultar tres. Primero, la publicada por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (en su Revista Arbitraje PUCP, año IV, Nº 4, Lima, 2014). Estuvo a cargo de César Guzmán-Barrón Sobrevilla y Rigoberto Zúñiga Maravi, y se titula Tendencias del arbitraje de contratación pública: análisis de laudos arbitrales, la cual precisa que el Estado gana un 24.8% de los arbitrajes cuando es demandado, y que el arbitraje ad hoc representa el 71.8% de los arbitrajes con laudo en la contratación pública.
Segundo, un informe para el Banco Mundial titulado Participación del Estado en los arbitrajes de contratos públicos en el Perú, presentado en el Fidcuiciary Forum 2012, preparado por Franz Kundmüller Caminiti y Roger Rubio Guerrero. Una de las recomendaciones de dicha investigación es crear una procuraduría especial para todos los casos de arbitraje en que el Estado sea parte. Considero, además, que en el ámbito del sector Justicia debe constituirse un área especializada en arbitraje en contrataciones que organice, sistematice y prepare una mejor defensa jurídica de los intereses del Estado.
Finalmente, la Contraloría General de la República elaboró el Estudio sobre el arbitraje en las contrataciones públicas, resultado de la evaluación de 2,796 laudos arbitrales emitidos durante el período 2003-2013. El Estado ha obtenido resultados desfavorables en el 70% (1969) del total de laudos, y los resultados favorables representan el 27% (758 laudos). El 3% restante corresponde a arbitrajes concluidos con laudos por conciliación u homologación de acuerdos transaccionales.
Es imprescindible que más estudios globales acojan el análisis sobre la forma de mejorar la performance del Estado ante la justicia arbitral.
(*) Carlos Castillo. Abogado y experto en arbitrajes.
