Dr. Víctor Prado Saldarriaga. Magistrado
◆ Magistrado califica de positiva la aplicación progresiva de este modelo
◆ Exhorta al futuro Congreso mayor rigor al elaborar leyes penales
Sería conveniente que el Congreso de la República a futuro realice un mayor análisis con rigor técnico en torno a la elaboración de las leyes, recomendó el magistrado Víctor Prado Saldarriaga al evaluar la labor del actual Parlamento, cuyo mandato está por concluir. En entrevista con el Diario Oficial El Peruano, el vocal evalúa también los avances y desafíos que encara el actual proceso de implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en el país.
El NCPP ya lleva casi cinco años de vigencia, ¿qué es lo mejor y qué debería corregirse en esta reforma progresiva?
–Bueno, la vigencia progresiva del NCPP nos muestra dos tipos de problemas que debemos superar. Por un lado, la no siempre oportuna facilitación de recursos para la implementación en las diferentes instituciones que participan en este modelo. Luego, el surgimiento de enfoques de interpretación diferentes en torno a una misma institución, lo cual ha ido creando pequeñas escuelas de aplicación del código. Tenemos a las cortes de La Libertad, Arequipa y Huaura, como las que lideran líneas de opinión, que no siempre coinciden en una misma institución.
¿Esto debe superarse?
–Hay que dar los recursos oportunamente, consolidar criterios de interpretación homogéneos y producir una jurisprudencia de casación que permitan superar las desviaciones en la interpretación de las normas. Igualmente, fortalecer la capacitación no tanto de jueces y fiscales sino de las otras instituciones, aun el segmento policial o la actividad de la defensa no va al mismo compás. Es más, entendemos que esta capacitación debe ser concurrente, vinculando a jueces, fiscales y policías en una interacción más dinámica.
¿El balance es positivo?
–Me parece que sí, la población ya lo va entendiendo, pese a que inicialmente se afirmaba que este NCPP favorecía a la criminalidad o que era muy benevolente, con el tiempo transcurrido nos ha ido mostrando sus ventajas, como el acelerar los juicios y la calidad de las resoluciones, aunque obviamente también se tiene dificultades y vacíos.
¿Cuáles son esos vacíos?
–Por ejemplo, no tenemos reglas claras para la determinación de la pena en juicio oral. El NCPP se preocupó mucho por la definición de la culpabilidad, pero no dejó un espacio para la discusión de este tema. Entonces, hace falta una etapa complementaria, luego de la declaración de culpabilidad, que podría ser de determinación de la pena, donde las partes nuevamente discutan frente al juez los alcances de la pena pedida por el fiscal, a la luz de las circunstancias que el caso ha permitido conocer y que, luego de ese debate, el juez esté en condiciones de realizar una exposición
clara de la sanción impuesta. Nuestra población mide a la justicia penal por el tipo de sanción que aplica. Es importante, entonces, que estas tengan una justificación y un espacio de discusión adecuados dentro del nuevo modelo procesal.
Aún falta el gran reto que es Lima. ¿Cómo encararlo?
–En efecto, nos falta el gran reto que es Lima, un ámbito no solo geográfico sino social importante y que personalmente creo que debería desarrollarse ya una estrategia de preparación frente a ese paso, que se dará en breve. Ahí es donde vamos a demandar un mayor interés y esfuerzo de todos los sectores, principalmente del gobierno y del Parlamento. Precisamente, en la reunión que sostuvimos recientemente con el presidente electo, Ollanta Humala, este manifestó su interés en apoyar la realización de este modelo, con el objetivo esencial de que la justicia llegue a todos los peruanos.
¿A qué se comprometió el presidenteelecto?
–Fundamentalmente, en el apoyo de lo que será su gestión como presidente del Poder Ejecutivo, pero también de la bancada de su partido para desarrollar una agenda común con el Poder Judicial, que entendemos será una puerta abierta importante para que podamos mejorar las oportunidades, consolidar los avances y superar las dificultades de este proceso de reforma, que aún va a tener muchos años más de implementación.
NCPP da herramientas para encarar la criminalidad
Si bien para usted el balance de la aplicación del NCPP es positivo, existen algunas observaciones de la población cuestionando cierta benevolencia frente a la criminalidad,
¿cómo revertir esa percepción?
–La expresión garantista significa justamente eso: un código que define garantías, que no son otras que las recogidas por la Constitución. Se entiende que el proceso debe desarrollarse en líneas de igualdad, partiendo de una presunción de inocencia del procesado, asegurar el derecho de defensa y de prueba, los equilibrios entre quién acusa y resiste la acusación, lo cual no es negativo. Diría que lo que se entiende como tal es la practica de estas normas, que unidas a veces a una fundamentación no muy clara de las decisiones adoptadas, pueden llevar a confusión a la población, pero cuidado, el NCPP tiene todo un libro y varios capítulos para procedimientos que enfrentan la criminalidad organizada. Entonces, se tiene todo un arsenal de medidas al respecto. El tema es que hay que usarlas y desarrollarlas plenamente en la praxis judicial, del Ministerio Público y de la PNP. Eso debiera ser el contrapeso a esa visión de un garantismo excesivo.
¿No se está usando?
–Estimo que aún hay una praxis que no se adentra en la aplicación de estas nuevas instituciones. ¿Se está optando más por la terminación anticipada…? –Quizá porque son las partes másinmediatas y convencionales, pero el NCPP también tiene entrega vigilada, agentes encubiertos, interceptación de comunicaciones, colaboración eficaz, entre otras herramientas para enfrentar a la criminalidad organizada. Es más, existe todo un libro sobre cooperación judicial internacional en materia penal. Vale decir que esta parte del NCPP todavía no se estrena en la dimensión deseada.
Enmiendas al Código Penal
A 20 años de vigencia del Código Penal, usted menciona la necesidad de realizar enmiendas a este cuerpo legislativo. ¿Cuáles serían las prioridades?
–El debate preelectoral puso de relieve algunos temas que deben ser agenda de discusión en el ámbito penal. Por ejemplo, si el Perú debe considerar imprescriptible los delitos contra la administración pública, si los actos de posesión de drogas para el propio consumo deben ser objeto de un tratamiento diferente al actual, si los problemas de los delitos de aborto, deben volver a ser examinadas. Igualmente, la situación concerniente a nuevas formas de criminalidad organizada, pues la sociedad civil reclama que exista desde la ley un manejo más técnico de estas manifestaciones, pero obviamente también se demanda toda una política que integre los diferentes niveles de prevención y de control de estas formas delictivas.
(María Avalos. El Peruano)
