De enero a abril del 2018, la Contraloría General de la República sancionó administrativamente a 468 funcionarios y servidores públicos, a nivel nacional, por incurrir en faltas graves o muy graves durante el ejercicio de sus funciones, por lo que están impedidos de trabajar en el Estado.

Del total de sancionados administrativamente, 153 sanciones quedaron consentidas en primera instancia, es decir, no fueron apeladas por los sancionados; y 315 fueron confirmadas en segunda instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).
Las regiones que concentran el mayor número de funcionarios y servidores sanciones son Lima (85), Cajamarca (50), Lambayeque (46), Tumbes (30) y La Libertad (25).
Cabe precisar que la responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse contra los funcionarios o servidores por los mismos hechos.
Es importante resaltar que los titulares de las entidades públicas del país deben ejecutar de manera inmediata las resoluciones que emita la Contraloría General y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, contra los funcionarios y servidores públicos que hayan sido sancionados administrativamente.
Transparencia
Las sanciones de suspensión e inhabilitación son inscritas en el registro de sancionados de Servir y publicadas en el renovado portal web de la Contraloría como parte de su política de transparencia y acceso a la información.
Para acceder a la lista debe dar clic al botón “Participación Ciudadana”, luego dirigir el cursor a la sección “Conoce nuestra facultad sancionadora” y ubicar en el lado izquierdo “Registro de sancionados”.
También puede hacer consultas sobre sanciones inscritas y cumplidas en el año 2017
Autoridades electas por voto popular
Con la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control, vigente desde el 29 de marzo de 2018, las autoridades electas que incurran en alguna acción u omisión considerada como infracción grave o muy grave podrán ser procesados en el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y ser pasibles de sanciones de suspensión y/o inhabilitación, según corresponda.
Procedimiento sancionador
El procedimiento sancionador tiene dos instancias que cuentan con autonomía técnica:
La primera instancia está a cargo de la Contraloría e integrada por el Órgano Instructor que realiza las investigaciones, propone las infracciones y sanciones; y un Órgano Sancionador que impone o desestima las sanciones propuestas.
La segunda instancia a cargo del TSRA, órgano colegiado adscrito a la Contraloría General, resuelve en última instancia las apelaciones presentadas por los servidores y funcionarios públicos.