Uno de los argumentos clave para defender la necesidad de replantear la perspectiva analítica de estudio de la gestión pública contemporánea, es considerar, que las sacudidas actuales que afectan el funcionamiento de las democracias no son algo meramente coyuntural.
Lo que estaría aconteciendo en todo el mundo es un proceso de transición o interregno entre dos sistemas distintos de producir, comunicarse, relacionarse, vivir (Bauman, 2012; Rifkin, 2014; Mason, 2016; Subirats, 2011). Las modificaciones que va incorporando Internet en nuestras vidas, tienen la dimensión que tuvieron revoluciones industriales y productivas como las que significaron la incorporación de la máquina de vapor o, más tarde, el asentamiento del modelo taylorista-fordista de producción de masas.
Cada una de estas grandes transformaciones productivas, vinieron acompañadas de cambios muy notables en las formas de convivencia y de relación social (formación de grandes aglomeraciones urbanas; estructuras familiares nucleares; división sexual del trabajo; estructura de clases vinculada a las estructuras industriales), cambios muy significativos también en las instituciones políticas y en las relaciones poder político-sociedad (estado liberal, democratización, estructuras representativas, partidos y sindicatos de masa), y, evidentemente, en los contenidos, formatos y dinámicas de la gestión y administración pública.
Internet representa una ruptura cuya intensidad variará según el sector y su relación con esta evolución productiva y económica (Benkler, 2015). En efecto, ha facilitado enormemente el tránsito hacia la financiarización global de la economía; ha permitido grandes procesos de deslocalización industrial; pone las bases para otros formatos de producción y de generación de valor no forzosamente vinculados a la propiedad; está generando la amortización de un número muy significativo de puestos de trabajo; modifica las relaciones laborales, permitiendo procesos generalizados de precarización y de autoempleo. Podríamos decir que erosiona y pone en cuestión todos aquellos espacios de intermediación que no aportan valor por si mismo, al poder ser reemplazados por la conexión directa entre proveedores y demandantes, o por generar nuevos y más eficientes mecanismos de intermediación.
Produce pues efectos de desintermediación y también de reintermediación (Chircu-Kauffman, 1999). Y ello afecta, sin duda, también a los espacios institucionales (de intermediación política) de la democracia representativa (Hacker-Van Dijk, 2000; Subirats, 2002; Edwards, 2006).
Uno de los aspectos centrales de este proceso de desintermediación es aquel que repercute en la esfera donde se dan los vínculos o conexiones entre sociedad/ciudadanía e instituciones representativas y administraciones públicas. Dejemos a un lado los aspectos más directamente políticos y centrémonos en los más conectados con los temas de gestión y administración pública.
En el documento del CLAD «Gestión Pública Iberoamericana para el Siglo XXI» se señalaban ya algunos de los temas relevantes que siguen hoy siendo vigentes: transparencia, calidad de la información pública disponible, capacidad de respuesta a las demandas y necesidades sociales, problemas de representación o las carencias cada vez más significativas de evalución de las políticas y la gestión pública.
En este sentido, diríamos que información/comunicación y representación son los espacios clave en que, dentro del espacio de la política de las instituiones democráticas, se están notando más los efectos del cambio tecnológico que conlleva Internety la crisis de intermediación que genera. Es obvio que ha habido y hay intentos de recuperar posiciones en la nueva realidad de Internet, pero es cierto que habitualmente la perspectiva adoptada no acaba de integrar el cambio que ello representa en las propias estructuras organizativas e institucionales, y simplemente se pretende seguir haciendo «politics as usual» pero con un nuevo instrumento denominado Internet. No parece posible, al menos a medio plazo, tratar de encarar lo que implica a través de un simple proceso de acomodación instrumental.
En efecto, las características esenciales de lo que podríamos denominar como un sistema de gobierno “tradicional” (propio del modelo industrial-fordista y de un sistema político de democracia representativa) las podríamos resumir en estado-nación, gobierno representativo, principio de jerarquía, especialización competencial y administración burocrática. La delimitación territorial del Estado marca sus límites de soberanía y el conjunto de la población a la que afecta tal ejercicio de autoridad soberana (Jellinek, 1978). Ese ámbito territorial es también la esfera en la que se identifican problemas y en la que se buscan alternativas de solución.
Se trata, asimismo, de formas de gobierno basadas únicamente en un modelo de democracia liberal-representativo propio de la modernidad. Los gobernantes son elegidos, mediante un sistema de representación, para tomar decisiones y asumir la responsabilidad de las decisiones públicas (Pitkin, 2014). Las elecciones periódicas y competitivas son el principal (y prácticamente único) mecanismo a través del cual el pueblo soberano podría controlar la acción de los gobernantes. Es asimismo clave el principio de jerarquía. El Estado, que es el único decisor público, toma y ejecuta sus decisiones con una lógica jerárquica, que le sirve tanto su organización interna como para su relación con otras esferas de gobierno de alcance territorial menor, como en sus relaciones con los ciudadanos y los actores que pueden representar sus intereses y necesidades.
La organización del Estado y del ejercicio de su poder se basa en el principio de especialización competencial, que tiende a segmentar los problemas y los destinatarios de las decisiones públicas, de tal manera que difícilmente se recoge la complejidad e interrelación de tales problemas. La forma de proceder de las distintas instancias gubernamentales es básicamente burocrática, despersonalizando los servicios y buscando una homogeneidad normativa y de proceso reglado que pocas veces se adapta a una realidad cada vez más heterogénea y diversificada .
En esta estructura, aquí esquemáticamente descrita, los impactos de la transformación tecnológica que conlleva Internet y las dinámicas de globalización íntimamente vinculadas a su propia consolidación, son muy importantes y sustanciales (Di Maggio et alt., 2001; Chadwick-Howard, 2009), aunque existan aún notables interrogantes sobre su real significación y su capacidad para alterar los equilibrios de poder hacia formatos de mayor profundización democrática (Morozov, 2012; 2014).
Los poderes y administraciones públicas, que han tenido y tienen en la lógica jerárquica y en la distribución competencial sus puntos de identidad esenciales, deberán ser capaces de adaptar su rol en esos nuevos escenarios. De hecho, y sin que podamos relacionarlo directamente con el impacto de Internet y las TIC, pero si con una mayor complejidad y diversificación social, así como con una pérdida de relieve de la lógica de «command and control«, las administraciones públicas han ido usando cada vez más instrumentos de carácter contractual. Y lo han hecho tanto en el interior de una administración, como entre administraciones o entre estas y entes u organismos con entidad jurídica propia (Chevallier, 2005).
La lógica contractual parte de una mayor interdependencia entre los signatarios, y de un mayor equilibrio entre las partes, que acuerdan voluntariamente concretar sus acciones. Esa lógica se acerca a la que algunos autores consideran propia de la gestión de redes, donde horizontalidad, interdependencia y renuncia a la visión jerárquica parecen esenciales (Agranoff-MacGuire, 2001).
De alguna manera, lo que está ocurriendo, aún de manera fragmentaria y poco clara, es el paso de un escenario en el que las políticas y las administraciones públicas estaban pensadas y formuladas en clave universalista y que buscaban representar los intereses generales desde el consenso de los grupos y actores más representativos en los procesos de intermediación, a un nuevo marco en el que aumenta muy notablemente la diversificación social, en el que la calidad en los servicios públicos derivados de las políticas se fundamentan en su capacidad de personalización, y en que se han multiplicado las posibilidades de intervención y de acción de cada individuo en los procesos de demanda, formación y elaboración de las políticas públicas.
Sin duda, todo ello puede acabar generando una mayor complejidad e incertidumbre sobre los procesos decisionales y los temas de gestión en cada política pública afectada, pero puede también ser visto (dada la naturaleza estructural y no pasajera del cambio) como una oportunidad para aprovechar ese potencial de conocimiento compartido y distribuido, para mejorar las políticas, los formatos de gestión y buscar nuevas soluciones a problemas enquistados y bloqueados en los escenarios tradicionales. Es precisamente en ese contexto que el debate actual sobre procesos de coproducción y cogestión de políticas resultan especialmente significativos.
Sobre el conferencista
Doctor en Ciencias Económicas y Catedrático de Ciencia Política e investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas(IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Ha publicado libros y artículos sobre gobernanza, gestión pública y análisis de políticas públicas, así como en problemas de innovación democrática, Internet y política. Sus últimas públicaciones son Otra sociedad. ¿Otra política? (Icaria); Decisiones Públicas (Ariel); España Reset. Herramientas para el cambio de sistema (Ariel), Innovación social y políticas urbanas (Icaria). Colabora habitualmente en “El País” y en otros medios de comunicación.
Perfil de los asistentes para la conferencia
- Funcionarios públicos que trabajen en el área objeto de la conferencia;
- Docentes e investigadores de los institutos, escuelas y/o sistemas públicos gubernamentales de formación y capacitación de funcionarios públicos;
- Miembros de la Comunidad EIAPP;
- Miembros de la Asociación CLAD;
- Miembros de la Red de Postgrados en Administración y Políticas Públicas (Redapp) y Red de Instituciones de Combate a la Corrupción y Rescate de la Ética Pública (Ricorep);
- Profesionales independientes vinculados al tema (Ej. consultores);
- Estudiosos y analistas interesados en la actividad.
Costo
La webinar no tendrá costo alguno y podrá acceder a la misma todo aquel interesado en el tema que complete el formulario de registro. Sin embargo, a pesar de ser abierto el carácter de la conferencia, habrá un límite en el registro de asistentes de hasta 100 participantes.
Horario de la conferencia
La conferencia se realizará el miércoles 30 de marzo de 2016 a las 11.00am (hora de Venezuela). Para consultar la diferencia horaria con su país, favor hacer click aquí
Registro
Para asistir y participar debe completar el siguiente formulario de registro
El periodo para registrarse será hasta el miércoles 23 de marzo
Constancia de asistencia
Para las personas que cumplan el perfil requerido, completen el formulario de registro, asistan a la totalidad de la Conferencia Virtual Internacional y participen con preguntas y comentarios, el CLAD les entregará, vía electrónica, su respectiva Constancia de Asistencia.
Sugerencia
Como la Conferencia tiene un límite de 100 registros, le recomendamos que, bajo un mismo registro, pueda proyectar en un salón/oficina/auditorio de su institución la Conferencia Internacional, y así más personas podrían asistir y participar. En estos casos, y en procura de las Constancias de Asistencia, la Secretaría Permanente de la EIAPP (eiapp@clad.org) deberá recibir, en la semana siguiente a la Conferencia, una notificación oficial de la institución informando quiénes estuvieron presentes.
Contacto
Si desea comunicarse con la Secretaría Permanente de la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP) lo puede hacer por:
Tel. (58212) 2709211/Fax: (58212) 2709214 (Horario de trabajo: Lunes a Viernes entre 08:30 – 12:30 y 13:00 – 16:00 / Hora de Venezuela)
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