La corrupción es un grave obstáculo que afecta la gobernabilidad e institucionalidad del país. Reduce las posibilidades de crecimiento económico, de desarrollo e inclusión social y limita el ejercicio efectivo de derechos.
Consciente de esta realidad, este Gobierno ha planteado como eje prioritario de su gestión, dar lucha frontal a la corrupción. El objetivo es no sólo lograr una administración pública honesta y transparente sino, sobre todo, recuperar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y en sus instituciones, erradicando lagunas de impunidad.
Acciones adoptadas
Se ha decidido establecer una estrategia integral que incorpora como actores y destinatarios al sector público, al sector empresarial y a la sociedad civil. Asimismo, teniendo como base que la corrupción es multicausal y multidimensional, la estrategia anticorrupción va dirigida a intervenir tanto a nivel de la macrocorrupción como de la microcorrupción.
Fortalecimiento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)
Al ser un fenómeno complejo, la corrupción no puede ser enfrentada desde una sola entidad. Se requiere del trabajo articulado de los tres poderes del Estado (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en los tres niveles de gobierno, de las entidades autónomas designadas para luchar contra la corrupción, del sector empresarial y de la sociedad civil. Por ello, se ha consolidado el trabajo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) como la plataforma de coordinación y articulación que amalgama acciones concretas y propone políticas anticorrupción.
Aprobación del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción
Para implementar una política anticorrupción se requiere de voluntad política y de una estrategia con objetivos claros que marquen el derrotero y la visión del país. Ello se encuentra en el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción, el cual fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 119-2012-PCM. El Plan es la guía de actuación que tiene como actores y destinatarios al sector público, al sector empresarial y a la sociedad civil.
El Plan cuenta con cinco objetivos específicos, 15 estrategias y 55 acciones que se desarrollan sobre la base del enfoque de prevención y del combate de la corrupción.
Incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para fortalecer la política de transparencia
El Registro de Visitas en Línea busca transparentar las actividades que realizan los funcionarios públicos en sus lugares de trabajo, así como impedir la gestión indebida de intereses en la administración pública. La creación de este registro fue un acuerdo de la CAN y se encuentra implementado en toda la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Tribunal Constitucional (TC). Además, se ha implementado el reporte de infracciones administrativas vinculadas a la corrupción como fuente de información necesaria para la toma de decisiones.
Fortalecimiento del trabajo articulado con la sociedad civil y el sector empresarial
Se ha fomentado la participación activa de la sociedad civil y del sector empresarial en la lucha contra la corrupción. Se busca promover empresas responsables y ciudadanos vigilantes. En ese sentido, se suscribieron Compromisos por la Integridad con los principales gremios empresariales con el propósito de promover la transparencia, la cultura ética, la probidad. Se está coordinando la implementación de códigos de ética en el sector empresarial.
Posicionamiento del Perú en espacios internacionales de lucha contra la corrupción
Perú participa de manera activa en los mecanismos de seguimiento de las Convenciones Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y de la OEA. De la misma manera, Perú forma parte del Grupo de Trabajo Anticorrupción y Transparencia del Foro APEC y en el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.
Como resultado de la participación activa en los espacios internacionales anticorrupción, Perú ha sido elegido como Vicepresidente del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC).
Creación de la Procuraduría General de la República. El objetivo es fortalecer y articular la defensa jurídica del Estado sobre todos los ámbitos de la criminalidad, lo cual permitirá garantizar una actuación sólida en defensa de los intereses del Estado y evitar la pérdida de valiosos recursos por actos de corrupción y del crimen organizado.
Agenda 2013
- Adecuación normativa penal a los estándares internacionales anticorrupción contenidos en las convenciones contra la corrupción.
- Sistematización de información sobre procesos administrativos disciplinarios por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.
- Implementación del Observatorio de Riesgos de la Corrupción para identificar información relevante y necesaria sobre procesos vulnerables a la corrupción.
- Estandarización de los mecanismos de denuncias en el PE para que la ciudadanía identifique un solo procedimiento para plantear sus quejas, reclamos y denuncias.
- Fortalecimiento del Control Interno como instrumento que permita implementar estrategias anticorrupción en cada una de las entidades públicas.
- Pautas para el uso de bienes y otorgamiento de regalos en la administración pública.
- Incorporación del Perú como miembro pleno de la OECD.
- Creación de la Procuraduría General de la República.
- Sanciones para cuestionamientos maliciosos en contrataciones.
- Política de incentivos de integridad a empresas privadas.
Enlaces de interés:
Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016
Módulo de Consulta Ciudadana del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido
