En el país, el 10.9% de la población presenta algún tipo de discapacidad, lo que equivale a tres millones 284 ,000 personas, por lo que las medidas que se puedan implementar a su favor, como elevar de 3% a 5% la cuota de empleo en las empresas públicas para estos trabajadores, contribuyen a fomentar su inclusión social.
Así, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), en los próximos cinco años se prevé la posibilidad de que alrededor de 100,000 peruanos con algún tipo de dificultad física se hayan insertado en el aparato productivo, ya sea a través de la contratación del Estado, las mypes o el trabajo independiente.
El Congreso de la República aprobó hace poco la nueva Ley General de las Personas con Discapacidad, la que establece el nuevo índice y precisa que, en el caso de las empresas privadas, se exigirá en forma obligatoria una cuota de empleo de 3% en caso de que la compañía cuente con más de 50 trabajadores.
La norma dispone, además, entre otras medidas, la creación de la Dirección Nacional de Accesibilidad en el Ministerio de Vivienda y Construcción, dependencia que estará encargada de supervisar los establecimientos públicos y privados para que los lugares de ingreso brinden las facilidades correspondientes.
Paso adelante
Para el presidente del Conadis, Wilfredo Guzmán Jara, la aprobación de la ley constituye un paso adelante en el ámbito legislativo peruano, porque adecua las disposiciones en torno a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que ratificó el Perú.
«Ahora sí habrá un franco proceso de inclusión social de las personas con discapacidad, porque el capítulo décimo tercero de la ley establece una serie de mecanismos y sanciones a quienes no cumplan con lo que se establece en esta norma.»
El funcionario destaca también como punto fundamental la creación del Sistema Nacional de las Personas con Discapacidad, que permitirá que todo el ámbito de la gestión pública se movilice y empiece a interactuar desde la rectoría del Conadis.
«Existen obligaciones de los gobiernos regionales y locales para la implementación de las políticas y programas en materia de discapacidad», recalca.
Al tocar el ámbito laboral, las empresas que contraten a personas con discapacidad seguirán teniendo beneficios en el ámbito del impuesto a la renta, los gobiernos regionales y locales deberán establecer franjas de comercialización para las personas con discapacidad a través de ferias y otros mecanismos, refiere.
Un tema importante, asevera, es que en todos los estamentos del Estado se podrá instalar de manera preferente módulos de comercialización por parte de personas con discapacidad.
Capacitación
Un punto que pone en relieve Guzmán Jara es que la ley prevé también que el Ministerio de Trabajo y el Conadis puedan usar hasta un 10% de los programas que ya existen en el citado portafolio para la capacitación y el empleo temporal de este segmento poblacional.
«De hecho, una de las grandes barreras que jugó en contra de las personas con discapacidad para incluirse en temas de empleo era que no podían acceder a oportunidades de capacitación, mas si muchos de ellos ni siquiera habían tenido posibilidad de ir al colegio.»
Guzmán Jara asegura que esta ley abre el gran camino para la inclusión. «Ahora sí no hay excusas, por lo que les pido a las personas con discapacidad a inscribirse en el Conadis, aquellos que tengan algún tipo de formación técnica profesional, a los que no la tengan también, porque se van a abrir extraordinarias posibilidades.»
Promoción
A su vez, el abogado laboralista Ricardo Herrera Vásquez expresa su acuerdo con la ley aprobada por el Congreso, pues –sostiene– el Estado tiene como obligación, por mandato constitucional, promover el empleo, en particular, «para las personas de las minorías laborales que son básicamente madres de familia, gente de la tercera edad y personas con discapacidad.»
En este campo, plantea que, en el caso del sector privado, esta cuota del 3% del total de la planilla venga acompañada de un incentivo tributario destinado a compensar el esfuerzo que realicen las empresas contratantes.
«Hoy en día, existe una norma que permite que por cada discapacitado que contrate voluntariamente la compañía tenga una deducibilidad del gasto de su remuneración mayor a la habitual.»
Herrera Vásquez plantea también que si el empresario capacita a este tipo de trabajador para otorgarle mayores fortalezas laborales, este costo sea deducible, como un plus, de la renta de la compañía. «En resumen, darle un incentivo tributario al empleador que contrata un discapacitado».
El esfuerzo que realizaron el periodista Francisco Miró Quesada Rada, el congresista Javier Diez Canseco y Guzmán Jara, quienes presentaron el proyecto de ley el 4 de marzo de 2011, proceso en el que participaron también otros legisladores como Jhon Reynaga Soto, dio entonces sus frutos. La sociedad civil se puso también de pie con sus firmas.
«Ley contra la indiferencia»
«Cuando uno afirma que en el Perú existen alrededor de 3 millones de discapacitados, la gente se pregunta: Si son tantos, ¿dónde están?», expresa el parlamentario Jhon Reynaga Soto, uno de los impulsores de la nueva Ley General de las Personas con Discapacidad.
«Lo que ocurre es que la mayoría de ellos vive prácticamente acuartelada, escondidos por sus familias», opina el legislador, al explicar que la norma aprobada constituye una importante herramienta jurídica para que las personas con discapacidad exijan respeto a sus derechos. «Esta es una ley contra la indiferencia».
Lo que falta ahora es la reglamentación de la norma y una campaña intensiva de información y sensibilización, dirigida tanto a la población con discapacidad como a los funcionarios encargados de su cumplimiento. «Las personas discapacitadas tienen que empoderarse y reclamar.»
La elevación de la cuota laboral de 3% a 5% para las personas con discapacidad es importante y a ello el Congreso sumó el subsidio en programas sociales de vivienda, nuevas facilidades para el acceso de estos ciudadanos a las unidades de transporte y el otorgamiento de pensiones no contributivas para discapacitados severos.
Sanciones
Reynaga explica que será necesario aplicar con rigor las sanciones y multas previstas por incumplimiento de la nueva ley. «El sector privado, felizmente, está de acuerdo en incorporar a personas con discapacidad, siempre y cuando cumplan con el perfil de los puestos disponibles.»
Las personas con discapacidad tendrán ciertos beneficios en los concursos públicos, agrega el legislador. Por ejemplo, si hubiera un empate en un proceso para la ejecución de una obra, en una licitación y otras formas de contrato, las personas con discapacidad tendrán preferencia. «Esta nueva ley es una herramienta valiosa.»
(El Peruano)
