¿Es suficiente la medida para que el Estado logre la velocidad y eficiencia necesarias y, por consiguiente, la economía recupere el ritmo? En buena medida, ello dependerá de cuántos trabajadores elijan ingresar al nuevo sistema de manera voluntaria. En ese aspecto se requerirá fijar algunos estímulos adicionales, puesto que, como ha afirmado la ministra de Trabajo, Nancy Laos, la LSC es voluntaria y no implica despidos para quienes no deseen entrar al nuevo sistema.
El mensaje es, obviamente, dirigido a tranquilizar a los servidores públicos y es adecuado hacer eso en un momento en que todavía se reportan protestas en varias ciudades. Sin embargo, el punto central es cómo hacer que las personas que ahora tienen una opinión cerrada a la nueva norma entren a la lógica de la eficiencia. La LSC simplemente va a posibilitar a quienes sí deseen hacer carrera pública en el marco de la meritocracia, los cuales probablemente sean una minoría.
A paso lento
Obviamente la norma ya implica un avance con relación a la ley anterior, pero dicho avance tendrá que ver más con los nuevos trabajadores, o con el porcentaje incierto que finalmente elegirá ingresar al sistema por desempeño, por evaluaciones.
La semana pasada el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, dijo que era urgente aprobar la LSC. ¿En qué se justificaba esa urgencia? Entre otras cosas, en que el dispositivo es fundamental para que la economía vuelva a retomar el dinamismo perdido en los últimos años. Naturalmente, no se reduce a ello, pero el «shock» de la gestión pública apuntaba a la modernización del Estado en ese sentido. Castilla añadió que hace 20 años que no se emprenden reformas de fondo para tener un Estado que avance al ritmo que lo hace el sector empresarial.
Si bien no hay estudios que hagan estimaciones sobre cuánto se ganaría en aumentar el PBI -por ejemplo- con un Estado eficiente, es evidente que un aparato estatal como el que se tiene ahora, «es un lastre que tira hacia atrás», siguiendo las palabras de Castilla, precisamente cuando solicitó al Congreso retomar el debate y aprobar la LSC.
¿Disminuirán las colas?
La norma aprobada ayer parece ser positiva, pero cabe preguntarse por qué se demoró tanto en ser aprobada, lo que incluye a las administraciones anteriores. ¿No era popular? Naturalmente en los trabajadores estatales quizá no mucho, pero en la ciudadanía en general el panorama era distinto. Mientras se esperan encuestas al respecto, se puede adelantar algunas percepciones a partir de algunos datos.
El Ranking CAD 2013, la encuesta bianual de Ciudadanos al Día (CAD) basada en la satisfacción del servicio de atención al ciudadano, publicado en abril pasado, mostró cuánto tiempo invierten las personas en realizar algún tipo de trámite en las instituciones públicas. Así, quienes desean realizar una gestión en los ministerios emplean alrededor de tres horas. En el Ministerio de Energía y Minas el tiempo promedio era de cuatro horas 46 minutos.
Los gobiernos locales –municipalidades provinciales– no se diferenciaban mucho. Los municipios que más demoraban en atender un trámite eran las de Puno, Abancay, Piura y Arequipa. Sobre ello no se requiere datos adicionales. Basta haber tenido la experiencia de realizar una gestión en cualquier entidad del Estado.
Los resultados de la polémica ley no se verán de manera inmediata, tomará algunos años quizá, pero habría sido peor postergar el debate para agosto o hacer más modificaciones. Por ahora queda calmar los ánimos en varios ámbitos.
(Semana Económica)
