Por: Marcel Ramírez La Torre (*)
Se atribuye a Benjamin Franklin la frase “En este mundo solo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos”. Y es que, aunque el tributar es un deber ciudadano necesario para financiar las actividades del Estado, el concepto de ‘deber’ genera un enorme desconcierto cuando se aprecia que el recurso recaudado no siempre es limpiamente utilizado. Se debe entender algo: más que la cantidad de la recaudación o del gasto ejecutado, es importante su calidad. Hemos escuchado suficiente respecto a la calidad del gasto, en otras palabras, que el gasto debe generar impacto/resultados, mejorar el bienestar de la población, estar focalizado; sabemos también que el gasto de capital debe ser eficiente, productivo y oportuno. ¿Pero cuánto entendemos respecto a la calidad de la recaudación?
Existe un enfoque de análisis denominado sociología fiscal, que busca comprender lo fiscal en su integridad, es decir: el impacto fiscal neto depende tanto de la calidad de la ejecución del gasto como de la calidad de la recaudación, el llamado intercambio fiscal. Este describe el efecto sobre los ciudadanos, por un lado, a través de brindar mejores servicios públicos, y por otro lado, impactando sobre las decisiones de quienes soportan la carga de la tributación y financian los gastos del presupuesto público a través de un cierto sacrificio fiscal.
Mejorar la calidad de la recaudación exige mejorar la calidad del cumplimiento tributario. Los siguientes datos nos permiten caracterizar en parte la calidad de nuestra recaudación: el 78% de la recaudación proviene de menos del 1% de contribuyentes; el 50% de los ingresos tributarios provienen del IGV y el ISC, lo cual ya demuestra que nuestro sistema tributario es regresivo y no equitativo; casi S/12 mil millones (1,5% del PBI) se deja de recaudar por todos los beneficios tributarios vigentes y aproximadamente S/10 mil millones (1% del PBI) se pierden también debido a la corrupción. A esto se agrega que el incumplimiento tributario se encuentra en niveles de 36% y 58% del IGV, y del Impuesto a la Renta, respectivamente.
La institucionalidad de la política fiscal ha dejado de lado el enfoque sociológico de la tributación y se ha circunscrito exclusivamente a entenderla como una fuente de recursos para financiar la acción del Estado, desligándola de la calidad de la ejecución del gasto y obviando la calidad de la recaudación. Sin embargo, los ciudadanos sí perciben una brecha entre el sacrificio que soportan, y la calidad y cobertura de los servicios que reciben, así como frente a la corrupción. En el contexto actual, se vuelve indispensable institucionalizar el enfoque de sociología fiscal.
Siguiendo la experiencia de países como España y Paraguay, nos encontramos diseñando un barómetro fiscal para el Perú, como herramienta que permita que los responsables de la política fiscal tomen mejores decisiones. Las prioridades de un Ejecutivo fortalecido deben ser ahora mejorar la calidad del intercambio fiscal y así el sentido de ciudadanía que es fundamental para sostener políticas de Estado de mediano y largo plazo; difundir este enfoque es también parte de construir una mejor ciudadanía.
(*) Docente de Posgrado (Tomado de El Comercio)
