La iniciativa legislativa a lo que solo le falta ser debatida y aprobada en el Pleno del Congreso, aumentaría el costo de la planilla pública entre un 25% y 30%.
Sigue generando polémica el dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo, que dispone el traslado de los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicio (CAS) a la planilla estatal y a la que solo le falta ser debatido y aprobado por el Pleno del Congreso para su plena vigencia.
El último reporte de Comex, recoge los riesgos que generaría tal propuesta de darse luz verde dado que le costaría al Estado alrededor del 0.4% del PBI, lo que traería como consecuencia que la meta del déficit fiscal establecida para los años 2018 y 2019 no se cumpla, según el director del Banco Central de Reserva del Perú y ex viceministro de Hacienda, Carlos Oliva.
A lo que se suma, que de acuerdo al Instituto Peruano de Economía, el costo de la planilla pública subiría entre un 25% y 30%, es decir, por lo menos unos S/ 2,000 millones adicionales por año, más o menos el presupuesto para los programas sociales Juntos y Pensión 65.
«La negligente y apresurada aprobación del dictamen sobre estos proyectos (que fomentan el traslado de los trabajadores CAS a la planilla del Estado) pone en evidencia la urgente implementación de un análisis de calidad regulatoria (RIA) en el Congreso», advierte Comex.
Dado que, refiere el gremio, la cantidad de trabajadores contratados bajo el régimen CAS ha venido creciendo de manera sostenida en los últimos años.
Por ejemplo, entre 2009 y 2016, pasaron de 156,573 a 257,140 los trabajadores bajo este régimen, es decir, el número de servidores civiles CAS aumentó a una tasa anual promedio de 8.4% o un crecimiento acumulado del 76%, según la Autoridad Nacional del Servicio Nacional Civil (Servir).
En el último año, estos representaban el 22% de los trabajadores del Estado o un 40% si no se toma en cuenta a los servidores de las carreras públicas , lo que se condice con un aumento en el costo de la planilla pública, y que, de acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas, creció 88.6% en el mismo periodo.
Asimismo, según cifras de Servir, el costo de la planilla CAS aumentó 249% entre 2009 y 2016, y en ese último año ya representaba 17.2% de la planilla del Estado y 1.2% del PBI nominal.
¿Solución a la vista?
Para Comex debe quedar claro que el régimen CAS fue creado para solucionar el grave problema generado por el creciente uso de los servicios no personales en el sector público, introducido en la década del 90 como respuesta a restricciones presupuestales y un sistema rígido que dejó la administración precedente para la contratación de nuevo personal, como bien señala Servir.
«El uso indebido o desnaturalización de un contrato bajo este régimen deberá solucionarse según lo previsto en la regulación vigente en materia laboral, en el cual el servidor puede amparase», propone Comex.
Sin embargo, también es cierto que la naturaleza de este régimen era de carácter transitorio, por lo que actualmente viene disponiéndose, aunque lentamente, la migración progresiva hacia el régimen de la Ley del Servicio Civil.
«Es justamente ahí donde los legisladores deben apuntar, a fortalecer la implementación de la Ley Servir, basada en la meritocracia para un mejor servicio del Estado hacia los peruanos. La eliminación del CAS, tal como se encuentra planteada, acarrearía más ineficiencias en la ya complicada administración pública», precisó el gremio.
También plantea reducir la informalidad laboral en el Estado (12% en promedio, según Servir). «Actualmente cerca de la mitad de los funcionarios CAS pertenecen al Gobierno Nacional; no obstante, se observan niveles altos de informalidad en los Gobiernos Locales (26%), donde los trabajadores CAS son solo un cuarto de la planilla, alertó.
