La aprobación de la ley de consulta previa, el ordenamiento territorial y fortalecer la autoridad ambiental, son algunas de las acciones que deben implementarse para enfrentar de manera “exitosa y democrática” los conflictos sociales en el Perú, recomendó la Defensoría del Pueblo.
Según Eduardo Vega, defensor del Pueblo en funciones, la ley de consulta previa debe ser un tema “básico y central” en la agenda de prioridades del próximo Congreso, porque permitirá atender los conflictos sociales “de una manera mucho más clara y con un marco normativo adecuado”.
“Sin derecho a la consulta vamos a seguir generando una tensión permanente con la población que se siente que no es tomada en cuenta en estos proyectos”, dijo a la Agencia Andina.
El aspecto del ordenamiento territorial también es central para Vega, quien consideró que el problema de las protestas en Puno se derivan justamente porque no está claro dónde se debe realizar actividad minera en la región.
“La gran lección que nos deja Puno es que requerimos una zonificación sobre dónde debe haber minería y dónde no debe haber actividad minera”, agregó.
Asimismo, dijo que es importante “fortalecer la autoridad ambiental”, en relación con la protección del medio ambiente para revertir la desconfianza de la población a los daños ambientales.
Además de estos tres aspectos, Vega comentó que es necesario hacer un “sistema más transparente de la gestión de los Estudios de Impacto Ambiental”, que –resaltó- hoy se manejan de manera “rudimentaria”.
“Necesitamos caminar hacia un sistema mucho más organizado y transparente de cómo manejar los Estudios de Impacto Ambiental” afirmó.
Caso Puno
En el caso específico de las protestas en Puno, el defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, pidió al Poder Ejecutivo, a los dirigentes aimaras y autoridades locales flexibilizar sus posiciones para encontrar una solución al problema y poner fin a las protestas contra las concesiones mineras.
“Le pedimos a ambas partes, al Ejecutivo, a los dirigentes y a las propias autoridades de los gobiernos locales que busquen la mejor solución y que flexibilicen sus propuestas. Lo que aquí notamos en algunos casos es intransigencia y cuando uno va al diálogo tiene que también entrar con una flexibilidad en las propuestas que plantea”, comentó.
(Andina)
