Por José Saavedra (*) En una ciudad como Lima, ubicada en una zona desértica donde nunca llueve, y con un millón y medio de habitantes que viven sin agua, resulta un escándalo monumental que muchos de sus habitantes deban pagar hasta diez veces más por metro cúbico de agua de pésima calidad que aquellos que están dentro de la cobertura de este desastre público. Más grave aún, esta agua carísima es traída en camiones-cisterna y almacenada en cilindros de metal sucios y oxidados, originando enfermedades intestinales a los pobladores que están excluidos del sistema estatal del agua.
Cada día que pasa, Sedapal demuestra su ineptitud e incapacidad para atender a una población que ya sobrepasa los diez millones de habitantes y que afronta la incertidumbre del abastecimiento del agua en los próximos años, tal como lo comprueba la «Encuesta de agua y medio ambiente» realizada por la Coordinadora por la Inversión y el Trabajo (Citperú), que evidencia cómo el 61% de los encuestados cree que Lima no tendrá agua en los próximos años. Esta percepción no está lejos de la realidad, pues a diario se observan los cortes de agua en muchos distritos y la falta de mantenimiento del sistema de alcantarillado, entre otras dificultades.
Esta percepción es preocupante, pues ratifica el miedo de los limeños a un futuro sin agua. Lo más indignante es la indolencia de todos los gobernantes. No solo no han intentado la privatización de Sedapal, sino que tampoco han promovido experiencias exitosas como la de Fénix Power –una termoeléctrica que, a través de un acuerdo público privado con la Municipalidad de Chilca, ha instalado una planta desalinizadora que dará agua a los pobladores de esta ciudad las 24 horas al día– y, lo que es peor, ha retrasado todo proyecto para garantizar el abastecimiento de agua a la ciudad de Lima, como la importante obra de transvase Marca II.
El miedo a enfrentarse a una opinión pública adversa es la razón por la cual los gobiernos no han privatizado Sedapal. Para su tranquilidad, el 85% de los encuestados de la muestra citada califica de regular a mala la gestión de Sedapal en los últimos años. Esta percepción es motivada por la baja cobertura de agua que nos ofrece; por la ruptura de las tuberías matrices, que han causado destrucción y devastación en las zonas más pobres de la ciudad; por las pérdidas del 40% de su producción de agua, superando todos los niveles de pérdida de estas empresas en América Latina; y, finalmente, por el daño sistemático que ha causado al medio ambiente, arrojando el desagüe de la ciudad al mar durante más de 40 años.
Así, la privatización de Sedapal es urgente y necesaria. Es una verdadera forma de inclusión social que garantizará agua a los más pobres a tarifas justas, como se ha comprobado en la disminución de estas para los demás servicios básicos que ya han sido privatizados (y a pesar de lo que profieren los opositores a la privatización), ahorrando aproximadamente el 1.000% de las tarifas que pagan actualmente por agua –como se sabe, la tarifa promedio es de S/.1,5 por metro cúbico mientras que en los asentamientos humanos se paga entre S/.15 y S/.20–. Oponerse a la privatización de Sedapal es una afrenta a estas personas. Privaticemos Sedapal. Los más pobres lo demandan.
(*) José Manuel Saavedra Molina: Máster en Gobernabilidad y Gestión Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, España, e Ingeniero Industrial por la Universidad de Lima. Ha sido Consultor de la Universidad Alcalá de Henares y se ha desempeñado como ejecutivo en Telefónica del Perú y la Defensoría del Pueblo. Actualmente es ejecutivo en el INDECOPI y Presidente de la Coordinadora por la Inversión y el Trabajo del Perú.
