El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Gobierno de Uruguay, a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), tienen el placer de anunciar la celebración del «XVIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública» que se llevará a cabo en Montevideo, Uruguay, del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2013.
Conferencias plenarias
Durante el evento, tres reconocidos especialistas dictarán conferencias plenarias, a saber:
Manuel Ballbé
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). España
«La necesidad de administraciones reguladoras en Latinoamérica para prevenir los ataques especulativos, los riesgos financieros y la defensa de los consumidores»
Rebeca Grynspan
Secretaria General Adjunta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Administradora Adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estados Unidos
«Reflexión sobre los retos globales de la gobernabilidad democrática y aportes de América Latina y el Caribe»
John Dunn
Fellow of King’s College, Cambridge & Emeritus Professor of Political Theory, University of Cambridge. Reino Unido
«Could democracy still govern well?»
Metodología
Las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente a alguna de las siete áreas temáticas que se especifican a continuación, y su abordaje deberá estar orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se plantean para cada una de ellas.
Las áreas temáticas serán coordinadas por profesionales externos de relevante trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité Evaluador y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos Coordinadores de Área Temática también asistirán a los paneles de su área y formularán un conjunto de conclusiones que serán expuestas en la sesión de clausura del Congreso.
Áreas temáticas
1. Profesionalización de la Función Pública para fortalecer la capacidad de gestión del Estado
Coordinador: Rafael Martínez Puón. Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral (IFE). México
La vuelta del Estado como protagonista de la vida pública, como consecuencia de las recientes crisis económicas que evidenciaron la falta de regulación a los mercados, nos habla no solo de un simple regreso, sino de la necesidad de su fortalecimiento, específicamente de sus órganos de poder como son los gobiernos y administraciones públicas. Y no únicamente para que se haga responsable de rubros como la regulación, sino de otros de igual importancia y que el mercado no cubre o no podrá cubrir.
Sin lugar a dudas, una de las líneas de acción más relevantes para su fortalecimiento, es la profesionalización de la función pública. Hoy día, resulta difícil pensar en la existencia de funciones públicas no profesionalizadas, más aún en el contexto de la existencia de regímenes democráticos en la mayoría de los países del mundo. De modo que los Estados puedan contar en sus sistemas políticos, por un lado, con la alternancia partidista en sus gobiernos; y por otro, con el respaldo de burocracias profesionales, eficaces y eficientes. El estudio comparado en este sentido nos aporta muchas lecciones al respecto.
Sin embargo, un asunto como éste, en el que hay todo un consenso y un reconocimiento de su importancia, pareciera ser que no es visto y valorado de igual forma para los países Iberoamericanos. Con grandes excepciones como España, Portugal, Chile, Costa Rica y Brasil, que se acercan día a día a una mayor solidez en la profesionalización de sus funciones públicas, en el resto de los países de la región se sigue hablando como temas relevantes, únicamente de intentos, unos mejor logrados que otros, de éxitos temporales y de falta de continuidad o de islas de profesionalización con respecto al grueso de los funcionarios de una administración. En resumen, la profesionalización sigue siendo una de las asignaturas pendientes en la agenda de la modernización de las administraciones públicas. Todo ello, pese a los esfuerzos de los últimos años a nivel regional como la Carta Iberoamericana de la Función Pública y el impulso que han brindado muchos organismos internacionales.
Las razones para que este esfuerzo no se haya concretado y consolidado son diversas. No obstante, la realidad es que hoy más que antes, más allá de pensar en la construcción de servicios profesionales como sistemas de administración de personal o medidas similares, con un gran contenido técnico, que más que político y que aparecen como figuras aisladas de todo un contexto, se tiene que pensar y hacer desde la perspectiva de una política de Estado, en la que la política y los políticos sean los principales impulsores. Y en la que esta política pública de profesionalización además de tener efectos positivos en todo el accionar de las administraciones y en su relación con los ciudadanos, también tenga que ver con las demás políticas y con asuntos como la competitividad, la eficacia y el combate a la corrupción de todo un país, entre lo más relevante.
Por lo tanto, el interés seguirá estando en la identificación, observación y seguimiento de los esfuerzos de profesionalización y su vínculo con una política de Estado. En este marco, la teoría y el estudio comparado nos siguen aportando muchas ideas al respecto además de experiencias exitosas. Aunado a los recientes estudios sobre el estado actual de la profesionalización que han realizado algunos organismos internacionales. Esperemos que para el caso de los países latinoamericanos especialmente, por la situación antes descrita, muchas de estas ideas estén haciéndose realidad.
De manera que para esta área temática se tiene la expectativa de recibir ponencias relacionadas con esfuerzos a nivel de gobiernos centrales o federales en los que la función pública profesionalizada ha dado resultados, en el marco de políticas de Estado, y que den lugar en el ámbito de la construcción teórica y su análisis al posible diseño de modelos o esquemas a seguir. De igual forma, otra aportación relevante es identificar experiencias particulares de profesionalización que puedan presentarse como experiencias de éxito. No suficiente con esto, también hay un interés de seleccionar ponencias que presenten buenas prácticas en los sistemas más conocidos en materia de profesionalización como el ingreso, la capacitación y formación, la evaluación del desempeño, las competencias, los incentivos o estímulos, los procedimientos disciplinarios. Y lo mismo para el caso en cuanto a la utilización de tecnologías de la información y comunicación en materia de gestión de recursos humanos.
2. Innovación y gestión de calidad como mecanismos de una Administración Pública efectiva
Coordinador: Carlos Rodríguez López. Director Ejecutivo del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO). Costa Rica
Cada vez se escuchan más las quejas de los jerarcas públicos sobre la ingobernabilidad de los países. Es una queja dirigida a los otros poderes del Estado, a la ciudadanía y a las entidades públicas.
Si la gobernabilidad es «buen gobierno», es decir, el ejercicio eficiente y eficaz de la autoridad para lograr objetivos, tal queja confirma las dificultades que los gobernantes experimentan para lograr sintonía con sus objetivos, en la propia Administración Pública.
La ausencia de efectividad en la Administración Pública es un tema de debate en el sector privado, que encuentra en ello un freno para su crecimiento. Los países del Continente aumentarán su aporte a la producción mundial al 9 % en el 2013, en comparación con el 8,4% que prevaleció del 2009 al 2011. Y los países con mejores condiciones serán los más beneficiados.
¿Cómo podrían contribuir la innovación y la calidad para que los entes del Estado sean propulsores del crecimiento? En mi opinión, el Congreso propone «hermanar» dos conceptos, innovación y calidad, como detonantes de la efectividad en la Administración Pública.
La innovación es clave para la competitividad. Su definición aplicaría en sus inicios solo al sector privado. Michael Porter hace eco de esa percepción al afirmar que «la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar».
Corresponde, entonces, al Estado crear condiciones para que la industria crezca. El criterio de «calidad innovadora», enunciado por Henri Mitonneau, induce a las empresas a no conformarse con satisfacer especificaciones técnicas. Y advierte: ¡Es preciso innovar!
Por otro lado, en un afán de mejorar el servicio público, se «colaron» criterios empresariales. Y aparecieron los modelos de calidad. Tendencias generadas por la globalización condujeron a enfoques economicistas del Estado.
Hoy el concepto de calidad está muy influido por la publicación de las normas ISO 9000. La definición de calidad no se concentrará más en las propiedades o características de un bien o servicio, y trasladará el énfasis a la capacidad de tales bienes y servicios para satisfacer al cliente.
La relación de causa y efecto entre el desarrollo de sistemas de calidad en la Administración Pública y la incidencia en la mejoría de la calidad de los servicios es algo que no todos aceptan. La cuestión sería: ¿Cómo gestionar la calidad en la Administración Pública? Es notoria la inconformidad de los ciudadanos con la calidad de los servicios públicos. Y es difícil argumentar en contra de los criterios de eficacia y eficiencia cuando las políticas del Estado empleador no satisfacen a las mayorías. Concluyo: hay un desfase imposible de ocultar entre la maquinaria pública y los intereses más apremiantes de la ciudadanía, por lo que resultaría interesante que en el marco de ésta área temática recibiéramos paneles referidos a las mejores prácticas que se desarrollan en la región, relacionadas con los esfuerzos de innovación en el sector público y la implementación de modelos de gestión de calidad y excelencia en las instituciones públicas gubernamentales. Todo ello desde la perspectiva de la mejora continua de la acción gubernamental con un enfoque de respuesta adecuada y bienestar de los ciudadanos.
3. Descentralización y gestión local en el marco del desarrollo nacional integral
Coordinador: Eduardo José Grin. Investigador del Centro de Administração Pública e Governo de la Fundação Getúlio Vargas (FGV). Brasil
La descentralización ha sido una estrategia relevante de los gobiernos centrales, quienes desde la década de los ochenta han venido traspasando atribuciones y políticas públicas de educación, salud y desarrollo económico, por ejemplo, para que sean implementadas por los gobiernos locales, sobre todo, en los municipios y ciudades. Pero dos preguntas son centrales para evaluar ese proceso: ¿en qué medida esa descentralización contenía un proyecto de desarrollo nacional integral en el cual los gobiernos locales eran actores relevantes?, ¿o más bien se trata de un ajuste estructural de la esfera central para manejar sus dilemas económicos y fiscales por medio de la reducción de sus atribuciones transferidas a los gobiernos locales?
Esas cuestiones no son nuevas en los debates de la literatura acerca del tema. Pero después de casi tres décadas en que los países iberoamericanos empezaran ese proceso, es importante analizar su diseño institucional, las formas que la descentralización asumió, así como las reglas, incentivos y contornos de las relaciones intergubernamentales para examinar sus marcos político-institucionales definidos por los gobiernos nacionales. Esta área temática, por lo tanto, hará énfasis en trabajos que analicen la descentralización de competencias de los gobiernos centrales para los gobiernos locales. Importa también estudiar la trayectoria que asumirán tales procesos para verificar si hubo logros o no de los gobiernos locales para poner en marcha el desarrollo local e implementar las políticas públicas descentralizadas por las instancias centrales. Analizar la autonomía de las esferas locales sobre las políticas descentralizadas, sus límites de acción y cómo las localidades pueden influenciar las decisiones de los gobiernos centrales que les afectan. También se esperan trabajos sobre las capacidades institucionales y gerenciales locales para manejar atribuciones descentralizadas.
Serán bienvenidos estudios empíricos que presenten los logros y fallas de la descentralización procurando construir sistemas integrados de políticas públicas entre los gobiernos nacionales y las instancias locales. También reflexiones teóricas que se propongan presentar abordajes innovadores y una agenda de temas para discutir los caminos para que la gestión local descentralizada se enlace de forma más integrada al desarrollo nacional.
4. Una Administración Pública inclusiva, no discriminatoria y participativa
Coordinador: Andrés Scagliola. Director de la Asesoría Macro en Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Uruguay
Contar con una administración pública comprometida con la perspectiva de derechos humanos es una condición necesaria para llevar a cabo políticas públicas que hagan efectivas las metas de igualdad de los Estados. Para eso, es imperioso que la administración se oriente por los principios de igualdad y no discriminación, lo que implica no solo la voluntad expresa de revertir situaciones de desigualdades injustas por género, orientación sexual, generaciones, etnia/ raza, entre otras, sino la necesidad de cuestionar, revisar y rediseñar pautas culturales y formatos institucionales. A continuación se proponen algunos ejes de reflexión en torno a la temática:
Cultura institucional: contar con funcionarios/as formados en derechos humanos, en todos los niveles del Estado, es un punto central. La no inclusión de la perspectiva de derechos reproduce dinámicas discriminatorias, ya sea en el ingreso a la función pública, en el diseño de políticas públicas, en el análisis de la efectividad de la política pública desagregada en diferentes colectivos (identificando «brechas» de desigualdad), o el trato interpersonal en el ámbito laboral entre funcionarios públicos y con las y los ciudadanos. Se trata de promover una cultura institucional que entienda al funcionario público como servidor público y a las personas como sujetos de derechos.
Selección de funcionarios: es importante analizar la existencia o no de mecanismos institucionales formales que eviten la discriminación explícita o implícita de personas por condiciones exógenas de los requisitos para el cargo. Interesa analizar la pertinencia de la formulación y aplicación de protocolos de igualdad y no discriminación, la efectividad de los mismos en caso de que existan, como las herramientas de monitoreo y reclamo (esto es, exigibilidad de derechos) con que cuentan los/las ciudadanos/as en caso de que no se cumpla.
Acciones afirmativas: una herramienta que se está implementando en muchos países son las acciones afirmativas como medidas efectivas por parte del Estado que tiendan a la reparación y al reconocimiento de derechos de grupos históricamente excluidos. En ese marco, vale analizar las acciones que el Estado puede realizar con el fin de incluir personas que integran grupos vulnerados en sus derechos y los priorice -a través de distintos mecanismos- en su ingreso a la función pública. Un ejemplo es el caso uruguayo en que se aplica la cuota de un cuatro por ciento de ingreso a la función pública de personas con discapacidad.
Diseño de políticas: para que la igualdad sea sustantiva es indispensable reconocer las desigualdades sociales que operan más allá de la igualdad formal de las y los ciudadanos. Reconocer la diversidad y complejidad social -con desagregación de indicadores según diferentes clivajes (género, generaciones, etnia-raza, identidad de género, discapacidad, etc.), cuestionamiento de prejuicios y tipologías con los que operan quienes tienen a su cargo el diseño de las políticas (sobre las personas, las familias, etc.) y apertura de espacios de participación social de nuevo tipo- es un paso fundamental para construir sociedades verdaderamente igualitarias a través de políticas públicas de nuevo tipo.
Participación social: la participación de organizaciones sociales representativas de colectivos vulnerados en sus derechos en las diferentes etapas de las políticas públicas -desde la formulación del problema hasta el monitoreo y la evaluación de las políticas- son un eje en el vínculo Estado – Sociedad Civil. Este vínculo permite potenciar diferentes aspectos en ambas esferas. Por un lado, el Estado puede fortalecer a las organizaciones sociales y ciudadanas -y con ello una esfera pública abierta y democrática- propiciando su incidencia. Por otro lado, desde la sociedad civil, se pueden brindar insumos empíricos y teóricos en torno a las diferentes situaciones de discriminación así como nuevas perspectivas, mejorando el diseño de acciones públicas y construyendo consenso social.
Son éstos los tópicos que habrán de orientar la presentación de paneles, tanto desde una perspectiva referenciada en experiencias concretas de los gobiernos de la región, como de trabajos teóricos que sirvan para debatir y sugerir los esfuerzos que se despliegan en muchos de nuestros países.
5. Derecho público y garantías jurídicas en la Administración Pública
Coordinador: Olivo Rodríguez Huertas. Miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA). República Dominicana
El Estado Social y Democrático de Derecho presente en los ordenamientos constitucionales de la casi totalidad de los Estados iberoamericanos, ha potencializado el papel del Derecho público como herramienta fundamental para los propósitos de transformación de la relación Estado-Sociedad a fin de hacer realidad el logro de una igualdad material, no solo formal, de todos los ciudadanos.
En ese contexto, una de las funciones esenciales y más dinámica del Estado, como lo constituye la función administrativa a cargo, fundamentalmente, de los Entes y Órganos que conforman la Administración Pública, le corresponde un papel de primer orden en ese propósito de satisfacer, garantizar, fomentar que los derechos de los ciudadanos, en especial, los de naturaleza económica y social sean una realidad.
Han quedado muy atrás los tiempos en que lo importante del Derecho público y en particular del Derecho que rige la Administración del Estado, era el aspecto de la prerrogativa, de las potestades. Hoy día, lo importante constituye el carácter servicial de la Administración y su capacidad para adoptar las decisiones más convenientes para la colectividad.
Es por ello que deben seguir profundizándose los esfuerzos para que el marco normativo que regula las relaciones jurídicas entre ciudadanía y Administración pueda adecuarse a la nueva dinámica de la actividad administrativa, y sobre todo que sean instrumentos idóneos para que las políticas publicas que se diseñen, así como el entero quehacer de la Administración estatal, se lleven a cabo sobre bases de racionalidad, con eficacia, eficiencia, economía, publicidad, transparencia, garantizando la más amplia participación de la ciudadanos.
La presente área temática constituye una singular oportunidad para relevar, a través de la presentación de paneles, los esfuerzos, las experiencias y las prácticas concretas que los países de la comunidad iberoamericana vienen desarrollando, con el firme propósito de balancear los poderes de la Administración Pública con los derechos de los administrados, a fin de interactuar en un ambiente de seguridad jurídica, respeto a los derechos ciudadanos, y procurando siempre eficiencia y eficacia en la actuación de los órganos que componen la Administración Pública.
6. Políticas públicas eficaces en un contexto de demandas sociales crecientes
Coordinador: Jerónimo Roca. Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Uruguay
Las economías emergentes en general, y las latinoamericanas en particular, han experimentado en los últimos años procesos de sostenido crecimiento económico, en más de un caso por encima del producto potencial. La decisión política de financiar con este crecimiento políticas focalizadas, fundamentalmente de transferencias no contributivas, ha permitido avanzar en los objetivos de disminuir fuertemente los niveles de indigencia y pobreza.
Ahora bien, a medida que las sociedades avanzan, la definición de justicia (como igualdad compleja) se vuelve una definición colectiva de la sociedad, que exige que determinados bienes sean de acceso universal y, solo una vez cubierta esta demanda, haya distinción de acceso al resto de los bienes en función del mérito hecho por los individuos. No en vano la definición de pobreza por el método del ingreso comienza a resultar cada vez más insatisfactoria y la gran mayoría de los países de Latinoamérica está trabajando en definiciones de pobreza multidimensional, que básicamente intentan captar qué tan cubiertas están las necesidades básicas.
Este escenario plantea varios desafíos al diseño de las políticas públicas de los países latinoamericanos. Por ejemplo:
i) ¿Cómo diseñar la transición de políticas focalizadas a políticas de provisión universal de bienes públicos de calidad –educación, vivienda, salud?
ii) Una agenda de gasto público social que pretenda una provisión universal de estos bienes públicos básicos seguramente obliga, pensando en su financiamiento, a un replanteo (aumento) de la presión tributaria. ¿Qué tan viable es esto técnica y políticamente en cada uno de los Estados Iberoamericanos?
iii) ¿Corresponde legitimar las demandas sociales cualesquiera sean (por ejemplo, mayor consumo) o corresponde un papel más activo del Estado en la promoción de otros valores?
A. Existe una problemática que en cierta forma conecta a las tres preguntas precedentes: la indigencia y la pobreza en América Latina han estado asociadas a la marginalidad y a la exclusión social, es decir, al surgimiento de comunidades (excluidas) con valores y expectativas diferentes a los vigentes en las comunidades integradas. Esta diferencia de valoraciones y expectativas se registra particularmente en torno a las modalidades básicas de integración social vigentes al interior del sector integrado de la sociedad: la educación y el trabajo.
Lo anterior hace que la transición planteada en la pregunta i) se enfrente con una dificultad potencial importante: mientras que los sectores indigentes y pobres demandaban transferencias monetarias para resolver sus problemas más básicos, como la alimentación y la atención de la salud (es decir, demandaban transferencias focalizadas), no necesariamente demandan en la misma medida la provisión de servicios de educación y formación para el trabajo. En otros términos, la transición involucrada en la pregunta i) no necesariamente es una demanda de los sectores destinatarios de las actuales políticas focalizadas, lo cual plantea a esas políticas una dificultad no menor.
De aquí surge la siguiente pregunta: iv) ¿Los sectores que se pretende integrar demandan efectivamente el tipo de servicios públicos que, al interior de la sociedad integrada, constituye la base de la vida social? O, dicho de otro modo, ¿qué tan determinante para la integración es la brecha «cultural» que se ha producido luego de años de marginalidad y exclusión?
B. Aquí puede estar jugando, hipotéticamente, una característica de la parte integrada de la sociedad: la educación y el trabajo son hoy en día espacios donde se compite por estatus (económico, cultural, de acceso a toma de decisiones, etc.), con lo cual el ingreso de los sectores marginados al mundo educativo y laboral implica ingresar a las posiciones más bajas de la estratificación en niveles de estatus.
Esta problemática plantea las siguientes preguntas: v) ¿Qué disposición realmente existe, entre los sectores privilegiados de la sociedad, a «permitir» que la educación básica no sea ya una forma de diferenciación en función del estatus familiar, determinado por el nivel socioeconómico, cultural, etc.? Y también: ¿qué tan lejos están nuestras instituciones públicas de poder universalizar servicios básicos de calidad?
Las preguntas iv) y v) se relacionan con la pregunta iii). Esa relación puede plantearse en los siguientes términos: vi) ¿Es compatible la demanda por un mayor consumo con la demanda por justicia concebida como igualdad compleja? O, ¿no debería la noción de igualdad compleja implicar un cierto equilibrio o diferenciación entre bienes cuyo consumo se decide en forma descentralizada (individual) y bienes cuyo consumo, en cuanto a nivel y calidad, debe decidirse en forma colectiva (como, por ejemplo, el consumo de servicios básicos de salud y educación)?
Sintetizando, podría decirse que para dar respuesta en términos de políticas públicas a demandas sociales crecientes, es necesario establecer objetivos que permitan, por así decirlo, «ponderar» la diversidad de demandas sociales. Entonces, ¿cómo establecer esos objetivos? Y también es necesario promover demandas sociales que, por ejemplo de acuerdo al objetivo de justicia en términos de igualdad compleja, están hoy en día, hipotéticamente, en déficit, como es el caso de la demanda por servicios de educación en los sectores marginados. Entonces, ¿cómo promover demandas sociales deficitarias?
Los problemas señalados en los puntos A y B parecen sugerir, hipotéticamente, que para lograr incidir en la demanda por servicios de educación habría que modificar la oferta de servicios de educación -de modo que el ingreso al sistema educativo no sea un ingreso en términos, por decirlo así, de eterno perdedor. ¿Es conducente este enfoque (el abordaje de la dinámica entre demanda y oferta de bienes públicos) para plantear la problemática en cuestión?
7. El Gobierno Abierto como impulsor de la transparencia, la ética y la creación de valor público
Coordinador: Álvaro Ramírez-Alujas. Fundador e investigador principal del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP). Chile
En la actualidad, el debate sobre el alcance y las perspectivas del Gobierno Abierto se ha instalado como un tema de especial relevancia en las agendas de reforma de distintos países iberoamericanos, y como punto de encuentro de diversas corrientes donde se combina la política, la gestión pública, la tecnología y cultura digital, y el emprendimiento cívico. Sobre esta base y para evitar caer en la trampa de concebirlo ex ante como una nueva promesa de cambio global en nuestros sistemas político-administrativos, conviene interrogarse: Si el Gobierno Abierto es la respuesta ¿Cuáles son las preguntas a las que se intenta responder? En tal sentido, definirlo resulta aún algo complejo pese a que existe un relativo consenso sobre los principios que le dan forma: a) mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos (para ejercer control social, la integridad pública y la rendición de cuentas) y la reutilización de la información del sector público (para promover la innovación, la creación de valor y el desarrollo económico); b) facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas (e incidir en la toma de decisiones); y c) favorecer la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para co-diseñar, co-crear y/o co-producir valor público, social y cívico.
En este contexto, esta área temática pretende promover un debate sobre el estado del arte en la aplicación práctica del concepto y estrategias de Gobierno Abierto en Iberoamérica, considerando algunos de los ejes prioritarios en su expresión práctica. Temas tales como la apertura de datos públicos (open data) y la interoperabilidad, el acceso y reutilización de información del sector público (RISP), el uso de redes sociales y plataformas digitales para fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos (Gobierno 2.0), o el concebir al gobierno como una plataforma para gestionar innovaciones cívicas y creación de valor público, son algunas de las aristas que conviene considerar a la luz de los desafíos actuales y futuros que su consolidación supone para el fortalecimiento institucional y perfeccionamiento de nuestros sistemas democráticos. Ello, va ligado a la generación de un nuevo tejido de prácticas, valores y cultura que favorece el trabajo compartido, pasando de un modelo «analógico», hermético, cerrado y autorreferente, a un modelo «digital», abierto, distribuido y que incluye de manera activa y protagónica a la sociedad civil y otros actores, potenciando acciones más allá de las fronteras de lo estatal.
Paneles
Cada panel debe ser propuesto por una persona que actuará como su coordinador/a, y debe estar compuesto por mínimo de tres y un máximo de cuatro panelistas, incluyendo el coordinador/la coordinadora. Una misma persona podrá ser incluida, a lo sumo, en dos propuestas de panel.
Las propuestas de paneles deberán referirse, obligatoriamente, a alguna de las siete áreas temáticas y responder a los términos de referencia correspondiente al área.
Toda propuesta de panel debe remitirse electrónicamente a la Secretaría General del CLAD antes del 1 de abril, mediante el formulario de panel propuesto, con la información solicitada completa. En el mencionado formulario, el coordinador/la coordinadora debe incluir: a) un texto sumario con la descripción de los problemas y/o interrogantes que el panel intentará abordar en su conjunto; y b) un resumen de cada una de las ponencias a ser expuestas en el panel propuesto.
La remisión de la propuesta de panel supone:
i) que los panelistas tengan la firme decisión de participar, con base a cierta previsibilidad de que podrá conseguir el debido financiamiento para su viaje;
ii) el compromiso de que cada panelista preparará una ponencia inédita para el Congreso y la enviará al CLAD según las condiciones establecidas.
Teniendo en cuenta los criterios mencionados, el Comité Académico del CLAD junto con los Coordinadores de Área Temática harán una selección de las propuestas de paneles y, a partir del 15 de mayo, el Comité Organizador del Congreso comunicará los paneles aceptados provisionalmente. Los resultados de la selección no serán justificados. La aceptación definitiva estará condicionada a la recepción de al menos tres de las respectivas ponencias antes del 15 de julio.
Ponencias
Las personas que enviaron su propuesta de panel antes del 1 de abril y fueron aprobadas por el Comité Académico, deben enviar su ponencia al CLAD antes del 15 de julio. Las ponencias que presentarán los panelistas y coordinadores deben ser inéditas e individuales. A título excepcional se aceptarán documentos en coautoría; sin embargo, el CLAD considerará como ponente al autor que figure de primero en el documento.
Solo se aceptarán y publicarán las ponencias que cumplan rigurosamente con las normas de presentación de documentos, y que sean recibidas por el CLAD antes del 15 de julio.
Las personas cuya participación esté prevista en el programa definitivo del XVIII Congreso, y que no se presenten a su respectivo panel, no podrán ser incluidas en la programación de los próximos dos Congresos del CLAD.
Asistentes libres
Las personas que no deseen integrar un panel, podrán inscribirse en el Congreso como asistentes libres, pagando el arancel respectivo.
Documentos libres
Los asistentes libres que lo deseen podrán remitir un trabajo inédito e individual de su autoría para que sea incluido entre los documentos oficiales a publicarse en la memoria USB que se entregará durante el Congreso. Los mencionados trabajos no serán expuestos durante el evento, y para su admisión deberán:
i) enviar el respectivo formulario (que se encontrará disponible a partir del 15 de abril) antes del 15 de junio;
ii) solo se aceptarán trabajos que cumplan rigurosamente las normas de presentación de documentos y que sean recibidos por el CLAD antes del 15 de junio;
iii) estar referidos a alguna de las áreas temáticas especificadas para este Congreso;
iv) el pago del arancel respectivo deberá recibirse antes del 15 de agosto.
Pósteres
Se ha designado un área especial para la presentación de información sobre estudios, proyectos, actividades o experiencias que se adelantan en algunas de las áreas temáticas señaladas en esta convocatoria.
Los asistentes libres interesados en presentar un póster deberán:
i) enviar el respectivo formulario (que se encontrará disponible a partir del 15 de abril) antes del 15 de junio;
ii) solo se aceptarán los pósteres que cumplan rigurosamente las normas para la presentación de pósteres y que sean recibidos por el CLAD antes del 15 de junio.
La aceptación de los pósteres se dará a conocer a partir del 19 de agosto. La decisión del Comité Académico será inapelable. Para la aceptación definitiva del póster es indispensable que el autor (en los casos de coautoría se tomará en cuenta al autor que aparece de primero) realice el pago del arancel de inscripción al Congreso antes del 15 de agosto.
Asimismo, los autores serán responsables de colocar el póster en el lugar y fecha que se les asigne, así como también de su retiro. Si los autores no lo retiran, se entiende que no están interesados en conservarlo y que autorizan a la organización para que disponga del material.
Presentación de libros
Los participantes en el Congreso (coordinador(a), panelista o asistente libre) que tengan interés en difundir un libro de su autoría, publicado durante el año 2013, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
i) enviar el respectivo formulario (que se encontrará disponible a partir del 15 de abril) antes del 15 de junio;
ii) remitir un ejemplar del libro a la siguiente dirección:
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)
Ref.: Libros a ser presentados durante el Congreso
Apartado 4181, Caracas 1010-A, Venezuela
iii) el libro debe ser recibido por el CLAD antes del 20 de septiembre.
Idiomas
Los idiomas oficiales del Congreso serán español, portugués e inglés. Durante todo el Congreso, un salón tendrá traducción trilingüe y otros dos dispondrán de traducción español-portugués.
Publicación
Las ponencias y los documentos libres serán incluidos en el CD-ROM del Congreso. Posteriormente, los documentos serán divulgados en texto completo en el SIARE del CLAD.
El CLAD se reserva el derecho exclusivo de publicación de las ponencias y documentos libres en la Revista del CLAD Reforma y Democracia, previa notificación al autor dentro de los seis meses siguientes al Congreso.
Inscripción
Todo participante en el Congreso (coordinador/a, panelista o asistente libre) debe pagar el respectivo arancel de inscripción.
Para hacerse acreedor de un descuento en el mismo, se debe remitir electrónicamente al CLAD hasta el 23 de septiembre (extensiva al 30 de septiembre solo para pago a través de Paypal), debidamente completado, el formulario de registro (que se encontrará disponible a partir del 1 de junio) junto con el pago del arancel. Después de las fechas referidas, la acreditación y el pago del arancel deberán hacerse directamente en la sede del Congreso.
Nota: Bajo ningún concepto se devolverá la cuota de inscripción.
(a) Para la inscripción con descuento se aceptará:
1) Cheque no endosable a nombre del CLAD en US$ o en Euros, enviado a la Secretaría General del CLAD, en Caracas, Venezuela;
2) Transferencia:
2.1.) en US$ a la cuenta CLAD No. 0108278061 del HSBC BANK PANAMA (SWIFT: MIDLPAPA), Dirección: Plaza HSBC Building, Calle 47 Este y Aquilino de la Guardia, Panamá. República de Panamá.
2.2.) en Euros a la cuenta CLAD No. 0049-0263-51-2711823683 del Banco Santander Central Hispano (IBAN: ES 29 0049 0263 51 2711823683 – SWIFT: BSCHESMM), Dirección: Atocha 55, Madrid, España.
2.3) en bolívares, Banco Venezuela, cuenta corriente No. 0102-0105-52-0008968092 a nombre del CLAD.
El costo de la transferencia debe ser asumido por el participante, de manera que el CLAD reciba el monto exacto del arancel.
3) Tarjeta de crédito a través del sistema Paypal.
(b) Fecha límite solo para pagos con tarjeta de crédito a través del sistema Paypal.
(c) Tarifas válidas para los miembros de la Asociación CLAD 2013, afiliados antes del 1 de septiembre 2013.
(d) El formulario de registro debe acompañarse de una carta firmada por el director de la escuela o el decano de la facultad respectiva. Si el estudiante envía el formulario de registro y paga antes del 23 de octubre, la carta debe ser enviada al CLAD vía correo electrónico ( clad@clad.org) o por fax (58-212) 2709214. Si la acreditación se efectúa durante el Congreso, el original de la mencionada carta debe ser entregada en el momento del pago.
En el lugar del evento todos los participantes deberán acreditarse y solicitar su credencial, condición indispensable para participar en las actividades del Congreso. La acreditación estará habilitada en la sede del Congreso desde el 28 de octubre, a las 9 a.m.
Sede
La sede del evento será el Hotel Radisson (http://www.radisson.com/montevideo-hotel-uy-11100/urumont), Ciudadela, Montevideo, Uruguay.
Alojamiento
Para mayor información sobre el Hotel Radisson y consultas sobre reservaciones, sugerimos contactar directamente a:
Lucía Fernández
Coordinadora de Grupos
lfernandez@radisson.com.uy
Tel. (5982) 2902.0111
Los participantes deberán hacer directamente las consultas y reservas de hotel. El CLAD no tendrá intervención ni asumirá responsabilidades respecto de las mismas.
Información complementaria
Por favor consulte las preguntas frecuentes
Comité Organizador XVIII Congreso del CLAD
Av. Ppal. de Los Chorros con Av. 6 (Corao), Casa CLAD,
Urb. Los Chorros, Caracas 1071
Apartado Postal 4181, Caracas 1010-A
Venezuela
Tel.: (58-212) 2709211
Fax: (58-212) 2709214
E-mail: congreso@clad.org
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