Caos. Data oficial actual solo da cuenta de que existen 1’346,000, pero no de sus características. Variedad de regímenes en el Estado discrimina a trabajadores. Un 25% están contratados por CAS y no gozan de los mismos beneficios que sus compañeros del DL 276 y DL 728, aunque el gobierno ya anunció su eliminación.
 
Escribe: Rocío Maldonado
 
Desde hace 20 años, el único dato que manejan los gobiernos de turno sobre los trabajadores del sector público es su número aproximado, pero ignoran quiénes son, en qué entidades están, su rango de edad, profesión u oficio, experiencia o faltas que habrían cometido en el ejercicio de su función. 
 
A la fecha, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2010 dice que existen un millón 346 mil servidores públicos –pero la cifra es aproximada porque no es resultado de un censo–, lo que incluye al personal de las denominadas carreras especiales, como de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, diplomáticos, jueces, profesores, médicos, entre otros.
 
La Sunat y el Ministerio de Economía y Finanzas también manejan información sobre las personas contratadas por el Estado. Sin embargo, es data que no se cruza entre sí y además no dice nada sobre las características de los servidores públicos. Además, en estos registros están invisibilizadas las personas que están contratadas por órganos de la cooperación internacional, como el PNUD.
 
Sin información clave para tomar decisiones y lograr resultados, no resulta extraña la falta de personal idóneo en las tareas fundamentales del Estado, ausencia de métodos meritocráticos para el ingreso de nuevo personal, distorsiones remunerativas, entre otras fallas.
 
No sorprende tampoco que estas deficiencias en la calidad del personal del sector público se traduzcan en pésimos servicios al ciudadano. La burocracia, la corrupción y las malas prácticas son cuestionamientos habituales de la población con respecto a las entidades estatales.
 
CAOS ESTATAL
El abogado laboralista Ricardo Herrera señala que las deficiencias del aparato estatal se evidencian en los diversos regímenes laborales que regulan a sus trabajadores.
 
"El Perú es un Estado totalmente desordenado con más de 20 regímenes laborales. El DL 276, DL 728 y CAS son los principales, donde está el 70% de trabajadores, pero hay muchos  más", dice.
 
Ello ha llevado a que en el sector Salud exista una ley especial laboral para cada profesión. Así, cada uno, el médico cirujano, el ginecólogo, el obstetra y el tecnólogo médico, tiene su norma, lo que atenta contra la igualdad de trato y la equidad salarial.
 
"Un químico farmacéutico tiene 30 días de vacaciones, pero un tecnólogo médico 60 días. La razón es que está expuesto a rayos X, pero ahora  que la tomografía ha reemplazado los rayos X ya no tiene sentido", advierte Herrera.
 
De igual forma, trabajadores que realizan una misma función dentro de una entidad pueden tener un sueldo distinto, dependiendo del régimen laboral al que pertenezcan. La sanción, en caso esta hubiere, también será diferente ante una misma falta cometida.
 
¿Pero cómo se ha llegado a tener tantas normas laborales, cada una con sus reglas de juego? El experto responde que una política populista en el ámbito del Legislativo ha generado el desorden, lo cual se arrastra desde el gobierno militar.
 
La Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR- ha identificado más de 500 normas sobre empleo público y más de  400 conceptos con los cuales el Estado paga a sus trabajadores en los tres regímenes. 
 
LA CARRERA PÚBLICA
Hasta 1990 en el Perú la carrera pública se regía por el Decreto Legislativo 276. Con el ingreso de Alberto Fujimori al gobierno este régimen fue cerrado, así como el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), entidad que ejercía la rectoría del Sistema de Recursos Humanos del Estado. Así las cosas, la carrera pública y la gestión de personas en el Estado quedaron prácticamente en el abandono.
 
La suspensión parcial del DL 276 era parte de una reforma que comprendió también el despido masivo. Sin embargo, muchos de los empleados fueron contratados otra vez por el Estado bajo la modalidad de Servicios No Personales (SNP), lo que eximía al Estado de responsabilidades frente a esos trabajadores.
 
En el 2008, muchos de estos trabajadores pasaron al régimen laboral del DL 1057 o Contrato Administrativo de Servicios (CAS), quienes de esta forma accedieron a 15 días de vacaciones y seguro social, pero no a una Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, ni menos estabilidad laboral.
 
La Comisión de Trabajo y Seguridad del Congreso aprobó recientemente un proyecto para eliminar este régimen laboral por considerarlo discriminatorio (ver recuadro).
 
En los años 90 también se aprobó el Decreto Legislativo 728, o régimen laboral privado, al que pertenecen los empleados de las instituciones creadas de esa década en adelante, como la Sunat o la ONPE. Este régimen, el DL 276 y el del CAS son los que regulan principalmente el Empleo Público en el Perú.
 
A PONER ORDEN
Ricardo Herrera considera que ahora que se discute la eliminación del CAS, el gobierno tiene la oportunidad de tomar el toro por las astas e ir al problema de fondo, que es la inexistencia de una verdadera carrera administrativa en el sector público.
 
"El objetivo debe ser tener  un único régimen en el Estado, como ocurre en  otros países, y establecer las bases para una carrera administrativa donde se premie la meritocracia y no convivan el bueno, el mediocre y el malo. Todos con el mismo sueldo y los mismos bonos de productividad", dice.
 
En esa línea, SERVIR tiene una experiencia exitosa con la evaluación y selección meritocrática de gerentes públicos, cuyos sueldos oscilan entre los S/. 7 mil y S/. 18 mil. A la fecha, hay 82 gerentes públicos en funciones en 26 entidades, de las cuales 10 son subnacionales. 
 
Además, el año pasado SERVIR inició la implementación del Registro Nacional de Personal del Servicio Civil (RNPSC), el cual permitirá contar con información precisa y detallada sobre los trabajadores públicos.
 
"Hemos empezado a generar información para tomar decisiones", afirma Mariana Ballén, gerente de Políticas de Gestión de Recursos Humanos de SERVIR.
 
Ballén destaca que el RNPSC permitirá saber con certeza cuántos servidores públicos existen y sus rangos de edad, lo que a su vez facilitará saber cuántos se van a jubilar y cuál es la reposición necesaria. También se podrá mejorar los criterios de evaluación y capacitación del personal.
 
Hasta julio, el Registro Nacional de Personal  del Servicio Civil había registrado a más de 600 mil servidores públicos en los tres niveles de gobierno y  diferentes regímenes laborales. Se tiene previsto culminar  a mediados del 2012.❧
 
REFORMA LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO ESTÁ PENDIENTE
Mediante Ley Nº 28175, publicada el 19 de febrero del 2004, se aprobó la Ley Marco del Empleo Público, la cual tiene por objeto unificar los diversos regímenes laborales y de prestación de servicios existentes actualmente en la Administración Pública.
 
A partir de la aprobación de la norma, el Ejecutivo, dentro del plazo establecido por ley, presentó un proyecto de ley sobre la carrera administrativa, remuneraciones, provisiones e incompatibilidades, entre otros aspectos, en el empleo público. El Congreso no lo aprobó y desde entonces  está pendiente la reforma laboral del Estado.
 
El 2008 mediante Decreto Legislativo 1023 se creó la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR-, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. En este decreto se establece el reemplazo del término empleo público por el de servicio civil, con la finalidad de recuperar los valores esenciales de la función pública.
 
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 (La República)

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