El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, invocó al Estado fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública, en todos los ámbitos de la administración pública, y planteó crear una Autoridad Nacional autónoma, especializada en esa materia.

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Al realizar un balance en ese ámbito, al conmemorarse mañana diez años de la publicación de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vega destacó la puesta en marcha del portal de transparencia estándar que presta información de interés general de manera accesible a la ciudadanía.

Comentó que esa ley permitió que se comenzara a romper con la denominada “cultura del secreto”, expresada en la renuencia de algunos funcionarios públicos a proporcionar información sin una justificación válida.

Saludó que algunas instituciones hayan adoptado como política la creación y el fortalecimiento de sus portales institucionales, así como el uso de otras herramientas informáticas como facebook, twitter y blogs, para poner la información a disposición de los ciudadanos y ciudadanas.

No obstante, consideró necesario asegurar que la población utilice la norma, y que se diseñe un sistema de capacitación permanente para que los funcionarios públicos cumplan con el mencionado marco normativo.

Recordó que durante el 2011 la Defensoría del Pueblo recibió un total de mil 118 quejas por incumplimiento en acceder a solicitudes de información, y que en lo que va del presente año, se han registrado 665 quejas por ese mismo concepto.

Subrayó que es importante revisar la normatividad en aspectos como la destrucción, pérdida y reconstrucción de los archivos documentales, como condición indispensable del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

En ese sentido, recalcó que resulta necesario crear una Autoridad Nacional autónoma, especializada e imparcial en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Opinó que esa entidad sería competente para resolver imparcialmente los conflictos entre la administración y los ciudadanos. Para, ante la negativa injustificada en la entrega de información, fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos, e imponer las sanciones cuando se justifique.

(Andina)

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