El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley que modifica el concepto de funcionario público, el cual busca busca reemplazar el articulo N° 425 del Código Penal y evitar así cuestionamientos de quienes, aun cuando trabajan para el Estado, aleguen no ser funcionarios públicos y se aprovechen del cargo para acrecentar su patrimonio.
La iniciativa, elaborada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN-Anticorrupción), detalla que la condición de funcionario o servidor público se adquiere desde el momento de la designación o la proclamación de la autoridad electoral correspondiente, para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades.
Para tal efecto, la propuesta indica que son funcionarios o servidores públicos:
- Los que están comprendidos en la carrera administrativa.
- Los que desempeñan cargos políticos y de confianza, incluso si emanan de elección popular.
- Todo aquel que, independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, mantiene vinculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta, y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos.
- Los administradores o depositarios de caudales embaragados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.
- Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
- Los demás indicados por la Constitución Política y la ley.
El propósito de esta propuesta es garantizar el cumplimiento del principio de legalidad, la seguridad jurídica y evitar futuros cuestionamientos de parte de quienes aleguen no ser funcionarios públicos según el ordenamiento jurídico interno.
Al respecto, el Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, señaló que de aprobarse la propuesta de ley que remplaza el artículo N° 425 de Código Penal, ampliando el concepto de funcionario público, se contará con un marco legal fortalecido para luchar contra la corrupción en el país.
El referido proyecto, además, adecúa la definición de funcionario público a los estándares internacionales de lucha contra la corrupción.
