La seguridad ciudadana ha sido y es una de las principales demandas de la población peruana. A lo largo de los últimos veinte años, su abordaje ha merecido diversos enfoques y tratamientos por parte de las autoridades, pero con escaso éxito hasta hoy. Y es que la seguridad ciudadana es un fenómeno social complejo, multidimensional y multicausal, que debe ser abordado desde diversos aspectos en forma simultánea.
La inseguridad, la violencia y el delito no son problemas que solo merecen respuestas de contingencia; en verdad, requieren un tratamiento integral y holístico, de procesos de mediano y largo plazo. Los desafíos son múltiples y complejos. La seguridad ciudadana exige tomar medidas oportunas y eficaces —en especial por parte de los decisores políticos— que permitan remover los obstáculos de carácter estructural y cultural profundamente arraigados en los sistemas de administración del Estado. En ese sentido, la tarea es compleja.
Al inicio de nuestra gestión, asumimos esos desafíos al posicionar la seguridad ciudadana como un tema prioritario de las políticas públicas del sector Interior. Desde esa perspectiva, al amparo de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por el Congreso de la República, se conformaron comisiones y grupos de trabajo, asesorados por un equipo técnico multidisciplinario. Esas comisiones y grupos de trabajo permitieron, en una primera instancia, expedir las normas necesarias para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC).
El desafío siguiente consistía en diseñar una política pública de seguridad ciudadana con vigencia de varios años. Uno de los grandes obstáculos para alcanzar ese propósito es la carencia de un sistema integrado de gestión de la información delictiva. La información generada por diferentes operadores se encuentra dispersa y fragmentada.
Como consecuencia de ello, los procesos de formulación de diagnósticos en materia de seguridad ciudadana no se acompañan ni se nutren de información pública integrada y confiable. Un sistema integrado de información resulta un insumo vital no solo para el diseño de políticas públicas, sino también para el monitoreo y evaluación de las mismas.
En un escenario en el que falte la información bien sistematizada, los procesos de análisis del problema, por parte del Estado, se dificultan en extremo.
Entonces, se requiere trazar, en el corto plazo, nuevas estrategias y esfuerzos conjuntos para enfrentar esa seria deficiencia; los esfuerzos deberán ser desplegados, en especial, por parte de las entidades públicas vinculadas al sistema de administración de justicia. De lo contrario, incluso con alentadores pronósticos de progreso económico, el desarrollo del Perú en los próximos años se verá seriamente afectado por la presencia e incremento de la criminalidad y la inseguridad. ¿Quién invierte en un país inseguro? La criminalidad y la inseguridad ciudadana ponen en riesgo la sostenibilidad del modelo económico y la convivencia pacífica de las próximas generaciones.
Desde esta perspectiva, la política pública en materia de seguridad ciudadana debe ser diseñada y consensuada bajo el contexto de complejidad en el que se ve inmersa. Para ello, se requiere un enfoque intersectorial, intergubernamental e interinstitucional que involucre la diversidad de las realidades regionales y locales en los ámbitos urbano y rural, y promueva la activa participación del conjunto de actores públicos y privados del país. Lejos de ser motivo de división, el tema de la seguridad en el Perú debe cohesionarnos. Esa cohesión incluye la articulación de los planes anuales regionales y locales a los objetivos estratégicos y a las metas del plan con vigencia de cinco años que hoy presentamos.
Con este propósito, el presente Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 —en adelante, el Plan— recoge y sistematiza los aportes no solo de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), sino también de la sociedad civil organizada, el sector privado y académico, especialistas y vecinos. Se han definido los siguientes seis (6) objetivos estratégicos en el horizonte 2013-2018:
1. Disponer de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana articulado y fortalecido
2. Implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano
3. Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos
4. Promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los medios de comunicación
5. Fortalecer a la Policía Nacional del Perú como lo requiere una institución moderna, con una gestión eficaz, eficiente y con altos niveles de confianza ciudadana
6. Mejorar el sistema de administración de justicia para la reducción de la delincuencia
En este marco de referencia, el Plan se propone, por un lado, reducir los índices de criminalidad, y, por otro lado, incrementar la eficacia de las acciones conducentes a combatir el crimen y a prevenir el delito. Entre otras variables, se deberá disminuir el porcentaje de víctimas personales, la tasa de homicidios y el porcentaje de personas privadas de libertad, así como el porcentaje de reingresantes a penales. Asimismo, se deberá reducir el porcentaje de mujeres víctimas de violencia, y se deberá luchar contra la prevalencia del consumo de drogas ilegales tales como la cocaína, la marihuana, la pasta básica de cocaína (PBC), entre otros factores. Todas estas variables están vinculadas, directa e indirectamente, a la inseguridad, la violencia y la delincuencia.
Sin embargo, la implementación y los resultados del Plan se concretarán solo si se asume un liderazgo político firme y un compromiso público-privado para realizar, con oportunidad y eficacia, los planes anuales en los tres niveles de gobierno. Se requiere, además, la presencia y acompañamiento de un ente rector.
Una vez aprobado el Plan por los actores pertinentes, necesitamos rediseñar y costear los planes, programas y proyectos que se desprendan de aquel, estableciendo las estrategias para su financiamiento. Un plan sin recursos es solo un documento formal, sin mayor trascendencia de acción sobre la realidad concreta. Por esa razón, es importante señalar que también los planes, programas y proyectos vinculados al Plan deben tener prioridad nacional, por lo cual la ejecución, el monitoreo y la evaluación periódica se convertirán en un factor clave de éxito.
La política de Estado que planteamos hoy mediante este Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 se constituye, entonces, en una respuesta pública integral y participativa contra la violencia y la delincuencia en el Perú. Los invitamos a su lectura y a su compromiso por su puesta en marcha, para lograr una convivencia pacífica que garantice la democracia y la prosperidad de las próximas generaciones en el Perú.
JUAN JIMÉNEZ MAYOR
Presidente Consejo de Ministros y del CONASEC
WILFREDO PEDRAZA SIERRA
Ministro del Interior
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