El funcionamiento del Estado es tan bueno como la calidad de sus servidores públicos. Esta es, de cierta forma, la lógica detrás de la tantas veces demandada reforma del servicio civil. Desde el empleado de menor rango de una municipalidad distrital hasta el ministro de Economía, todos los funcionarios públicos son piezas fundamentales de la relación –explícita e implícita– entre el Estado y los ciudadanos. Por ello la competencia de los servidores estatales, los procesos que determinan sus labores y los sistemas en que se desempeñan tienen un impacto directo en los niveles de corrupción, pobreza, confianza gubernamental y servicios básicos de los que dispone cualquier sociedad.

En el Perú, la reforma del servicio civil ha sido una demanda constante a lo largo de diversas administraciones, pero es recién en los últimos años en que se ha empezado a adoptar un enfoque sistemático y de mediano plazo al respecto. En la medida en que el 41% de los ingresos tributarios se destina al pago del más del millón de trabajadores públicos distribuidos a lo largo de todo el país, el impacto de un cambio estructural positivo en la profesionalización del servicio civil no puede ser sino formidable.

En primer lugar, es justo reconocer que la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) en el 2008 fue un paso en el camino correcto. Como menciona Mercedes Iacoviello, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “en un país en el cual habían primado históricamente reformas institucionales que no prosperaron y apoyos inestables en los procesos de implementación, se vislumbraba en aquel momento una reforma coherente, sostenida y progresiva con importantes avances en un breve período”.

Esta investigadora publicó en agosto del presente año un informe en el cual detalla que el Índice de Desarrollo del Servicio Civil (IDSC) en el Perú –el cual mide la calidad de esta función en una escala del 0 al 100– subió de 29 a 41 puntos entre el 2011 y el 2015, ubicándose por primera vez por encima de la media regional de 38 puntos. La mayor parte del progreso se explica gracias a mejores puntajes en los índices de eficiencia y de consistencia estructural –entendida como el grado de solidez e integración del servicio civil para, por ejemplo, jerarquizar los puestos, administrar salarios de manera predecible, invertir en capital humano, etc.–. Ambos indicadores subieron 15 puntos debido a “la disciplina fiscal en un sólido contexto macroeconómico, y a la creciente orientación estratégica que imprime un área rectora con alto nivel de capacidad y legitimidad”.

Aparte de Servir, la Ley del Servicio Civil (Ley 30057) de julio del 2013 ha sido también clave para fortalecer el proceso de reforma de la administración pública. Esta norma establece un régimen único para las personas que trabajan para el Estado que debe ser aplicado de manera progresiva. Entre sus puntos más importantes destaca el máximo de 20% de puestos de confianza como directivos en cada entidad.

Imagen: El Comercio
Imagen: El Comercio

(El Comercio)

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