Uno de los temas más recurrentes, sobre todo al inicio de un periodo de Gobierno es el nivel de los salarios de los funcionarios públicos. Se suele incluir muchos parámetros y variables, pero rara vez se propone un modelo integrador. La gestión por resultados debería ser el eje para la determinación de los salarios, no en el sentido en que el Gobierno de Toledo alguna vez implementó poniendo incentivos económicos a la “eficiencia”, puesto que el Estado no tiene un modelo productivo en el que el producto final salga de una línea productiva.  En el Estado, el producto final (calidad de vida y condiciones para la sostenibilidad de la calidad de vida) sale de muchas líneas de producción.

Por lo tanto, el cálculo de salarios debería hacerse mediante la estimación de grandes bloques de beneficio/costo. Esto requiere una enorme madurez de parte del Gobierno para valorizar los incrementos de calidad de vida y cómo estos facilitarían o evitarían grandes pérdidas futuras de la capacidad de Gobierno. Por ejemplo, si se dejara de subsidiar la educación, se dejaría de incluir a más ciudadanos a condiciones normales de su vida social y económica, por tanto, dejaría de percibir los beneficios: capacidad productiva, impuestos, estabilidad social, entre otros.

Por lo tanto, si los modelos pudieran responder qué valor se pierde si se deja de invertir en determinado sector, el valor de pérdida potencial brindaría un punto de partida. A este valor habría que deducirle la inversión en infraestructura y equipamiento y el saldo simbolizaría un valor máximo a invertir en expertos para diversas funciones que eviten la pérdida. Una vez hecho el ejercicio para todos los sectores (líneas productivas) se integra las propuestas de inversión, subdividiéndolas en capacidades temporales (expertos durante un periodo limitado) y capacidades continuas.

Si por alguna razón la pérdida potencial no fuera muy alta, entonces automáticamente esto dará un valor de inversión viable bajo y coincidirá con que se necesita pocos expertos o baja intensidad de experticia (por tanto salarios menos exigentes).

Los cálculos de “homologación” o “escalafones” poco a poco se harán obsoletos, puesto que no estarán asociados a resultados. Si el Estado no asume el rol de diseñar modelos orientados a resultados, difícilmente encontrará coherencia en la infinidad de demandas que pueden surgir de los gremios particulares cuando se tenga debates sobre la fijación de salarios.

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