Muchos hechos, en particular las últimas elecciones, grafican que es evidente que, pese a los esfuerzos que mucha gente hace, el Estado Peruano actual carece de la efectividad necesaria para lograr los resultados mínimos para un crecimiento que redunde en que se solucionen los problemas más críticos: (i) pobreza, expresada claramente en alta desnutrición y deficientes estándares educativos, y (ii) corrupción, expresada claramente en un alto índice de infracciones de funcionarios públicos en todo nivel de gobierno.
Sin embargo, por debajo de estos problemas, se puede identificar fácilmente que hay una enorme carencia de herramientas de gestión. Tratando de hacer un análisis de caja negra, el Perú es un país que recibe muchos recursos financieros propios hoy en día, y sin embargo preserva altos índices de pobreza. Por otro lado, los sistemas administrativos se han hecho mucho más eficientes, debido a la incidencia de la informática en las herramientas de gestión pública y sus sistemas, y sin embargo la corrupción no se reduce. ¿Cuál es entonces la salida?
Yendo incluso a una base más profunda para estos problemas, el paso que la gestión pública no ha dado, es tomarse un respiro muy hondo para reflexionar si los principios de gestión sobre los cuales está diseñada son los correctos. Un análisis todavía superficial de estos principios nos lleva rápidamente a afirmar que el enfoque de la gestión pública actual, con todos los esfuerzos de implementación de gestión por y para resultados, por ejemplo, sigue siendo enormemente funcional, debido a que no trabaja en función a una visión de Estado, ni de país, ni global, sino que trabaja en función al mantenimiento de estructuras agregadas. Pasando a una imagen más sencilla, es como si para construir un edificio no empleáramos una maqueta sino más bien decidiéramos qué componente toca construir en función de si al ponerlo se cae o no, y si se cae le fabricamos un refuerzo.
La segunda característica importante, aunque permanece invisible debido a la anterior, es que no existe ningún nivel de aprobación de criterios generales para las soluciones. Es decir, las grandes y pequeñas decisiones del Estado, siguen descansando en las fronteras del cumplimiento normativo y en la habilidad técnica de los operadores. Sólo cuando da la casualidad hace que las condiciones normativas no prohíben las soluciones geniales, y los genios de los ejecutores públicos coinciden, entonces tenemos los grandes avances. En otras palabras, no planificamos genialidades, sino que nos oponemos estructuralmente a ellas, resaltando sólo aquellos logros que “a pesar de las restricciones” se alcanzan.
Si uno hace una encuesta rápida a ejecutores públicos diversos (en diferentes niveles de gobierno, o diferentes tipos de entidades) preguntando cuáles son los beneficios finales que genera cada uno, encontraremos una diversidad muy grande de beneficios identificados, muchos de ellos seguramente con acentos técnicos, otros con acentos financieros, o acentos de tamaño, o de rapidez. Mientras los beneficios no sean especificados centralmente por el Estado (deberíamos contar con un código estandarizado de beneficios) será imposible pedir que se diseñen visiones medibles para las entidades públicas, la visiones continuaran siendo azarosas en función de las competencias y visiones de determinados actores, y no se podrán especificar criterios uniformes para la toma de decisiones.
Definidos los beneficios estandarizados, cualquier entidad pública podrá tomar decisiones en base a un ranking de beneficio/costo, y los decisores podrán formar cadenas de resultados coherentes que permitirán la planificación, implementación y seguimiento de soluciones técnicas ya conocidas para la erradicación de la pobreza. Asimismo al encontrar cadenas coherentes, los profesionales no vivirán las encrucijadas de desesperación que viven hoy, y encontrarán siempre más atractivo lograr resultados oportunos que buscar caminos alternativos en la corrupción. Es claro que hace muchos años, los líderes de la reforma del Estado han hecho un cierto énfasis (no negativo) en el perfeccionamiento de las herramientas de gestión, sin embargo creo que es el momento de dar el salto a perfeccionar los principios de gestión (por ejemplo: la definición de beneficios estandarizados, definición de visiones medibles en función de beneficios y criterios estandarizados para la toma de decisiones). El perfeccionamiento de herramientas es positivo y debe continuar, sin embargo nunca tendrá el efecto completo a menos que los principios de gestión del Estado estén claros y sólidos para todos.
