Por: Arturo Delgado Vizcarra (*) Es una verdad en la opinión pública que el Estado debe ser reformado, sea porque no llega a la población más necesitada, porque sus gobiernos no cumplen con las promesas para las cuales han sido elegidos, o porque se perciben altos niveles de corrupción. Tal verdad es aceptada entre quienes estudiamos o participamos de la administración pública.
¿Qué es lo que se requiere para tal cambio? La respuesta es sencilla de decir, pero muy difícil de implementar: decisión política. Esta decisión debe cubrir varios frentes igualmente políticos para poder ser implementada acertadamente: decisión de cómo queremos nuestro Estado; de quiénes lo deben conducir; de quiénes deben trabajar en el; de cuál va a ser su participación en la economía; entre otras determinaciones importantes.
El camino para tomar estas decisiones es complejo y requiere que los políticos estén dispuestos a aceptar conceptos y formas que quizás les sean contrarios al control del poder: transparencia, rendición de cuentas, participación privada, evaluación de resultados, participación ciudadana, democracia participativa, sostenibilidad y otros; conceptos y métodos propios de la nueva y más moderna gestión pública, la misma que además usa como medios al gobierno electrónico y al open government.
Sin perjuicio de lo dicho, la opinión pública también debe ser consciente que ninguno de estos conceptos renuncia o reduce las bases del Estado, el poder que le es conferido y del gobierno como personas quienes administran ese poder con la autoridad y capacidades que nosotros mismos les hemos otorgado y que deben ser respetados.
Ahora bien, ¿qué hacemos mientras tanto? Pues las autoridades tienen oportunidades muy interesantes que no requieren grandes cambios legislativos ni traumáticas reformas; cito tres ejemplos que alguna vez compartí en clase de la Maestría de Gerencia Pública: ¿Qué sucedería si se decidiera almacenar informáticamente y con una buena base de datos todos los informes de las asesorías jurídicas, de las oficinas de presupuesto y de inversión emitidos en los distintos órganos del sector público de Junín emitidos en los años 2009 y 2010? Si esa base de datos es además colgada en la nube informática al acceso de cualquier persona, funcionario público o no, hemos transformado con una acción sencilla y económica la administración pública del departamento.
La transparencia brindará seguridad jurídica, la gente sabrá cómo piensan y razonan sus funcionarios públicos y los funcionarios públicos podrán consultar cómo se resolvió determinado problema en otra oficina, se evitarán las dudas y los costos que éstas conllevan. Mejoría para todos de forma económica.
Otra idea, ésta tiene que ver con la sostenibilidad ambiental en nuestras ciudades: puede plantearse como requisito para las licencias de construcción que éstas respeten los árboles que tengan determinada antigüedad o altura (que deberán ser determinadas técnicamente) y que se encuentren en los terrenos donde se construirá; a la naturaleza le toma varios años que cada uno de esos aportantes de oxígeno alcance su madurez, la decisión simplemente deberá ser no destruir lo avanzado por ella. El resultado, ciudades más amables con nosotros mismos y un avance hacia la sostenibilidad ambiental.
Finalmente, dar cumplimiento a nuestros propios reglamentos: se ha constatado que numerosas entidades, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos descentralizados no cumplen con lo dispuesto en los Decretos Supremos N° 009-2009-MINAM y 011-2010- MINAM que obligan a que el Estado compre y use bolsas biodegradables, los beneficios son evidentes, la norma está dictada, sólo resta dar cumplimiento a la misma.
(*) Profesor de Políticas Públicas y Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad Continental.
