Escribe: Francisco Velázquez
Nadie duda de la utilidad de que los directivos de las grandes empresas y organizaciones privadas tengan una formación excelente y dominen las técnicas más avanzadas y actuales de la gerencia de las organizaciones. Elías Canetti señaló que la figura del “director de orquesta, influyendo a distancia con las leves indicaciones de su batuta, sobre una colectividad de hombres, constituye una representación superlativa del poder”. ¡Qué satisfacción para todos los países de nuestro entorno, si la preparación de nuestros altos funcionarios fuera equiparable a los maestros que dominan los instrumentos musicales! Si pudiéramos afirmar, como hacía Max Weber en 1919, que los altos funcionarios de los ministerios «estaban infinitamente mejor informados que su jefe sobre los problemas técnicos reales de su especialidad».
Parece natural que, de forma continua, los gerentes privados dediquen algunas horas a actividades formativas y a perfeccionar, en su ámbito de trabajo, sus competencias para la creación de valor. Cuanto más formados estén estos gerentes, se piensa, mayores serán las posibilidades de incrementar el beneficio empresarial. Y no es tarea fácil, porque la capacidad de atención continuada de los adultos no suele superar los treinta minutos seguidos: otros pensamientos sustituyen a la lección, como los personales, financieros o del propio trabajo.
¿Pero sucede lo mismo en el ámbito público?
Veinte directores de Escuelas e Institutos de Administración Pública, los encargados de la formación de los servidores públicos, se han reunido en Lima para debatir sobre las mejores formas de transmitir la innovación, al mismo tiempo que para analizar las propuestas sobre la situación en cada país.
La primera cuestión que ha de plantearse se refiere a la utilidad de estas escuelas e institutos existentes en la inmensa mayoría de los países iberoamericanos. Los primeros fueron fundados en España, Argentina, Portugal, Brasil y México y, a partir de 1958, fueron sucesivamente establecidos en los países del área, siguiendo una estela que nace con Carlos V cuando se dispone la enseñanza sistemática de la diplomacia. Son instituciones no por desconocidas menos útiles, que se sitúan a la vanguardia del pensamiento moderno y cuyas actividades se inician al mismo tiempo que las grandes Escuelas de Negocios de ámbito privado.
La preocupación por la innovación es tal que, en la Declaración de Lima del CLAD, la primera recomendación es considerar la innovación como un imperativo ético, colocando en consecuencia este principio al mismo nivel que el conocimiento de la gestión pública, las normas de aplicación o la ética en todas las variantes del comportamiento de los servidores públicos.
Un repaso por la situación existente en los países latinoamericanos nos coloca en posición de encontrar una panoplia de iniciativas, actividades y proyectos (algunos de ellos en ejecución práctica) que persiguen el gran objetivo de no quedarse atrás respecto a la marcha de innovación de la sociedad.
Pueden citarse muchos ejemplos, pero nos centraremos solo en algunos de ellos que por su influencia y trascendencia merecen algún comentario.
Así, la lucha por la respuesta inmediata, objetivo de la gerencia pública desde los años sesenta (reaccionar ante el problema planteado) ha dado paso a una actuación proactiva de las organizaciones, que se ocupan y preocupan de adelantarse a los acontecimientos, es decir, a la demanda ciudadana. En este campo, se desarrollan aplicaciones, se informa directamente a los interesados a su celular, se establecen sistemas de eliminación de trámites innecesarios o se sustituyen por su cumplimentación online…
Las administraciones públicas abrazan cada vez con mayor convicción, y los directivos públicos también, la creencia en la participación, la transparencia y el gobierno abierto, especialmente en lo que se refiere a la compartición, cocreación incluso de soluciones a los problemas, en estrecha colaboración con universidades, organizaciones no gubernamentales, grupos de ciudadanos o empresas privadas, así como con organizaciones internacionales cuya finalidad esencial es difundir las mejores prácticas de gestión pública.
La tecnología es importante, pero la innovación no es solo tecnológica, porque se refiere a otros muchos aspectos: es una competencia necesaria de los directivos públicos y es una exigencia de los Estados contenida en el Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno de los países miembros del CLAD ha lanzado recientemente una iniciativa que se ve con gran simpatía en el ámbito público y en la sociedad: el derecho al desafío. Un grupo importante de trámites públicos, a iniciativa de los directivos públicos de las organizaciones, es temporalmente suspendido por el gobierno y sustituido por otros más ágiles, flexibles y rápidos. Transcurrido ese período, si los resultados son adecuados, el gobierno los sustituirá definitivamente. Buena iniciativa lusa que conviene valorar positivamente: en el sistema tradicional hubiera supuesto quizás meses o años, a causa de la rigidez normativa.
Francisco Velázquez (*) Secretario General del CLAD
