Un total de 214 conflictos sociales se reportaron en julio, de los cuales más de la mitad están relacionados a temas socioambientales, que incluyen casos en que las comunidades se oponen a proyectos mineros, informó ayer la Defensoría del Pueblo.
El reporte precisa que 118 conflictos están relacionados a temas socioambientales, 22 al ámbito de gobiernos locales, otros 22 a asuntos de gobierno nacional, 14 a problemas laborales, 13 al asunto de la demarcación territorial, y nueve tienen que ver con asuntos comunales, entre otros.
La mayoría de los conflictos socioambientales tienen que ver con la actividad extractiva de recursos naturales, debido al temor de las comunidades a la contaminación o riesgo de contaminación de sus tierras y fuentes de agua.
El adjunto de la Defensoría, Iván Lanegra, dijo en días recientes que la Ley de la Consulta Previa será una herramienta importante para resolver ese tipo de conflictos sociales.
El informe defensorial señala también que de los 214 conflictos reportados en julio, 135 se encuentran activos (63%) y 79 se mantienen en estado latente (37%). Además, 85 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (63% del número de casos activos).
El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, dijo el último fin de semana que el gobierno marcará una clara diferencia con los anteriores, en la atención de esta problemática, pues se escuchará a las comunidades, y sobre todo se buscará una solución.
“Consulta previa evitará conflictos”
El director para las Américas de Human Rigths Watch, José Miguel Vivanco, consideró ayer importante que en el Perú se inicie el debate de la Ley de Consulta Previa, y resaltó que la norma sería un primer paso para evitar los conflictos sociales en el país.
Consideró indispensable incluir políticas que faciliten el desarrollo en áreas estratégicas de la economía peruana, pero al mismo tiempo con fórmulas para consultar a las comunidades locales sobre proyectos que las involucren.
Ese paso, añadió, en declaraciones a Andina, es fundamental para evitar que los conflictos terminen en actosviolentos como ocurrió en Bagua (Amazonas) en 2009, donde fallecieron 34 policías y nativos, tras las protestas en la Selva contra unos decretos que los indígenas consideraban lesivos a sus derechos.
Datos
La Ley de Consulta Previa se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece que se debe consultar a las comunidades antes de realizar actividades extractivas en sus territorios.
Esta iniciativa no logró ser sometida a votación en el Congreso anterior y el entonces presidente Alan García se negó a promulgar el proyecto de consulta previa a pesar de que el Tribunal Constitucional emitió en 2010 una sentencia instando a aprobar y aplicar esa ley.
(El Peruano)
