El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Gobierno de Perú, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tienen el placer de anunciar la celebración del «XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública» que se llevará a cabo en Lima, Perú, del 10 al 13 de noviembre de 2015.
Durante el evento, tres reconocidos especialistas dictarán conferencias plenarias:
L. Enrique García Rodríguez
Presidente Ejecutivo. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
Allyson Pollock
Professor of Public Health Research and Policy. Director of the Global Public Health Unit, Queen Mary, University of London. Reino Unido
Barry Bozeman
Arizona Centennial Professor of Technology Policy and Public Management and Director of the Center for Organization Research and Design. Arizona State University. Estados Unidos
Áreas temáticas
El Congreso se organiza en paneles, y las propuestas de paneles deberán referirse obligatoriamente a alguna de las siete áreas temáticas que se especifican a continuación, y su abordaje deberá estar orientado por la caracterización conceptual y las interrogantes centrales que se plantean para cada una de ellas. Las áreas temáticas serán coordinadas por profesionales externos de relevante trayectoria quienes, junto con el Comité Académico del CLAD, integrarán el Comité Evaluador y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva área. Dichos coordinadores de área temática también asistirán a los paneles de su área y formularán un conjunto de conclusiones que serán expuestas en la sesión de clausura del Congreso.
Profesionalización de la función pública como catalizador de los intereses ciudadanos
Coordinadora: Mariana Ballén Tallada. Asesora en Modernización del Estado. Perú
El fin primordial de la función pública es la creación de valor público. Es quizá este objetivo el que nos permite comprender las limitaciones y dimensionar mejor los retos que enfrenta hoy una función pública que busca ser catalizadora de las necesidades de los ciudadanos.
Usando el término “servicio civil” como equivalente a función pública, tal como lo señala la Carta Iberoamericana de la Función Pública, surgen las acepciones: servicio, servidor, servir, como un claro norte respecto de lo que se espera de las personas que trabajan hoy al servicio de los Estados. Qué dimensión de valor aporta un servidor público y qué reglas y herramientas requiere para poder crear dicho valor son preguntas claves para entender, encaminar y mejorar el quehacer del servicio civil.
Las administraciones públicas, naturalmente promotoras del establecimiento de reglas únicas y centralizadas que homogenicen su quehacer, se enfrentan a nuevas demandas ciudadanas y de los nuevos tiempos, en términos de flexibilidad y capacidad de reacción, participación, mecanismos de comunicación, nuevas tecnologías, y un cuestionamiento a la autoridad. El salto dado por varios países de la región, del empleo público al servicio civil, unos con reformas focalizadas a algún grupo de servidores, otros con reformas más amplias, refleja disyuntivas y apuestas respecto de adecuarse (o no) a los nuevos requerimientos y expectativas ciudadanas. ¿Cuánto se requiere cambiar los perfiles de los servidores?, ¿pueden cambiar los servidores si no cambian las organizaciones?
Se sugiere la presentación de paneles respecto de realidades y/o buenas prácticas relacionadas con:
1) ¿Cómo entender el rol de los servidores públicos como catalizadores de las necesidades del ciudadano en un modelo democrático donde son los políticos los “depositarios de la voluntad popular”?
2) La tensión entre la tradicional preferencia de las administraciones públicas a homogenizar y buscar predeterminar el accionar público versus la necesidad de los servidores de reaccionar a necesidades de la ciudadanía que son, hoy más que antes, altamente cambiantes.
3) Mecanismos de acercamiento, de identificación de las necesidades concretas de los ciudadanos en un contexto de gran diversidad de actores. Mecanismos de rendición de cuentas desde los servidores a los ciudadanos.
4) Acciones desde los sistemas de servicio civil para promover la profesionalización del servicio civil en función al ciudadano.
5) El énfasis de los servicios civiles en las competencias de los servidores, entre otras, la capacidad y rapidez para reaccionar y manejar información acorde con las demandas tecnológicas de hoy.
Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la efectividad de las instituciones públicas
Coordinador: José Ramón Oviedo Méndez. Asesor del Ministro. Ministerio de Administración Pública (MAP). República Dominicana
Los Estados ven reducir recursos a la vez que son más sofisticadas las demandas y expectativas de satisfacción ciudadana. El imperativo de hacer más y/o mejor con menos hace necesaria la construcción de nuevas capacidades para responder a ciudadanía, actores y sociedad, cambiando las formas de organización, dirección, administración, funcionamiento, tecnologías y servicios, generando más valor y racionalizando costos. Los dilemas entre eficiencia de costos y eficacia de resultados están en la base del impulso hacia la modernización y de la apertura hacia el aprendizaje, la calidad, la innovación y la evaluación.
Los Estados instalan y desarrollan sistemas y herramientas de calidad a fines de mejorar las cualidades de su forma de organización, procesos, economías de costo, desempeño, productos, servicios, impacto y resultados.
La innovación es facilitada por el paradigma de calidad. Ambas generan valor mediante mejores resultados. La calidad crea un clima más propenso a innovar. Pero innovar supone dar un paso más allá de la aplicación de herramientas de mejora ya existentes. Significa desarrollar nuevas ideas, conceptos, soluciones, para las políticas, los productos, la participación o las prestaciones de servicio.
La instalación de sistemas de gestión de calidad avanza, pero su alcance es desigual. La efectividad de las políticas y los modelos de calidad, los estudios de caso, las estrategias, barreras, obstáculos, incentivos, el uso de las tecnologías, la formación y la capacitación, constituyen temas de gran pertinencia para el intercambio entre instituciones públicas.
La innovación es un campo emergente en el Estado que requiere sistematización. La discusión conceptual, el estudio de casos, el marco normativo, los factores facilitadores y barreras, la relación innovación y tecnología, la innovación de productos y servicios o del vínculo entre administración y ciudadanía, son temas relevantes.
La evaluación es clave para medir la calidad y la innovación. La aplicación de modelos y herramientas de evaluación, la efectividad de diversos métodos de evaluación, el vínculo entre ésta, la calidad y la innovación, son, entre otros, temas significativos para la discusión.
Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sustentable de ciudades
Coordinador: Fernando Luiz Abrucio. Profesor investigador. Programa de Mestrado e Doutorado em Administração Pública e Governo. Fundação Getulio Vargas (FGV). Brasil
La descentralización cobró impulso en América Latina y los países ibéricos con la democratización de varios países, que se inició hace 40 años y trajo consigo la promesa de ser un medio clave para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Después del período de euforia inicial, hay que comparar el desempeño esencial de este proceso de descentralización.
Para lograr esto, se deben analizar las siguientes preguntas:
1) ¿Cuáles fueron los diseños institucionales adoptados para llevar a cabo el proceso de descentralización en los países de América Latina?
2) ¿Qué cambios sucedieron entre el modelo original de la descentralización y la configuración actual en cuanto a la distribución de poderes y responsabilidades de los gobiernos centrales (o federales) y los gobiernos subnacionales?
3) ¿Cuál ha sido el patrón de las relaciones intergubernamentales en la región, tanto en relación con el proceso de cooperación entre los gobiernos, como con respecto al apoyo financiero y administrativo previsto por el gobierno central a los municipios, buscando reducir las desigualdades regionales?, ¿cómo se ha garantizado la compatibilidad de la autonomía local con los objetivos nacionales?
4) ¿Cómo ha sido el proceso de modernización y mejora de la gestión pública y las políticas públicas a nivel local?, ¿hubo una mejora en la calidad de las burocracias locales?, ¿cuáles son los efectos de la descentralización en las políticas sociales?
5) ¿Qué políticas han sido adoptadas por las ciudades para mejorar la vida de sus ciudadanos a favor de un desarrollo sostenible basado en los principios de gobierno abierto y la participación ciudadana?
Estas preguntas sólo pueden ser contestadas si hay una discusión de la diversidad de casos latinoamericanos. Por lo tanto, el área temática pretende abarcar el mayor número posible de experiencias nacionales y estimula la producción de estudios comparativos con el fin de comprender las similitudes y diferencias entre los procesos de descentralización. Aprender acerca de los resultados de la descentralización puede ayudar a mejorar la gobernanza de los países.
Administración Pública inclusiva como base del desarrollo humano
Coordinadora: Clara Mariela Columbié Santana. Asesora del Ministro de Educación Superior. Cuba
La Administración Pública vive en los últimos años un proceso de importantes transformaciones. La trayectoria más reciente en el sector público en la región apunta al florecimiento de tendencias democratizadoras, con el impulso de procesos políticos que matizan el contexto institucional en el que se diseñan y elaboran las políticas públicas.
Se ha transformado cualitativamente la dinámica social, han surgido nuevos paradigmas en la interpretación de la responsabilidad social de los gobiernos y sus relaciones con la sociedad, que implican la aplicación de políticas públicas incluyentes y de respeto a la diversidad étnica, concebir y gestionar la Administración Pública como instrumento para el desarrollo sostenible, garantizar el cuidado del medioambiente, la seguridad pública, la prevención y el enfrentamiento de los desastres naturales y el combate contra la pobreza y la inequidad, con un enfoque participativo.
Este concepto tiene como premisa la relación entre crecimiento económico y equidad, ya que si los beneficios del crecimiento económico no tienen un verdadero impacto social, lejos de acortar la brecha entre los que tienen y los que no tienen, aumentan las desigualdades y por tanto la inequidad y la injusticia social, en contradicción con la idea esencial del concepto de desarrollo humano sostenible y de una administración publica inclusiva.
En los países de América Latina en la última década, se ha producido un importante avance en términos de políticas sociales orientadas a luchar contra la pobreza, con inclusión social, justicia y equidad. Para asegurar un impacto pertinente de sus resultados, estas políticas demandan procesos de planificación estratégica, sistemas de monitoreo y evaluación que estén en consonancia con su complejidad y con los altos retos que deben enfrentar.
Constituyen desafíos de la administración pública, la aplicación del mérito y la profesionalización del servicio público, la elevación de la eficiencia y la efectividad de la gestión, el trabajo por resultados, la creación y el fortalecimiento de una cultura de calidad en los servicios públicos y el sostenimiento de un Estado fuerte y capaz, enfocado hacia el ciudadano.
Especial significación tienen los retos relacionados con la inclusión, la equidad distributiva, la gobernanza y la participación, unido a la aplicación de políticas inclusivas y de respeto a la diversidad, de adecuados mecanismos de coordinación, la creación de alianzas estratégicas que favorezcan el desarrollo sostenible, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, como expresión de voluntad política, capacidad técnica, profesionalización y liderazgo de la administración pública.
Es nuestro interés compartir diversidad de ponencias y paneles, que brinden una gama de propuestas conceptuales y normativas sobre el tema.
Derecho público, Derechos fundamentales y garantías jurídicas como elementos esenciales del Derecho a la buena administración
Coordinador: William Zambrano Cetina. Magistrado. Sala de Consulta. Consejo de Estado. Colombia.
Los esfuerzos realizados en Iberoamérica tendientes a consolidar verdaderos Estados Sociales y Democráticos de Derecho, en los que el énfasis en los derechos fundamentales y las garantías jurídicas a las personas se conviertan en ejes de la actuación del Estado y de todos sus servidores, han llevado a que se examine seriamente el derecho fundamental a la buena administración como un componente esencial del marco normativo de nuestros Estados, así como a que este se tenga como presupuesto necesario de cualquier política de modernización o de mejoramiento de la gestión de nuestras administraciones públicas.
Ello comporta no solamente la obligación de perseguir la mejor realización del interés público, de modo que exista coherencia y congruencia entre la acción administrativa y el fin que debe perseguir (CASSESE: 2014, p. 294) , que no puede ser otro que la eficacia de los derechos de las personas, sino también que efectivamente “los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazo razonable al servicio de la dignidad humana” .
Por ello examinar el contenido concreto de ese derecho fundamental a la buena administración y de sus derechos derivados en cada uno de nuestros países resulta relevante para afianzar en el conjunto de los actores públicos la importancia del mismo, así como para coadyuvar a los esfuerzos que en muchos de ellos se hacen desde hace tiempo por poner en el centro de las preocupaciones al ser humano y su dignidad. Así mismo para examinar el papel que cabe a los diferentes actores sociales, y no solo a la administración, en la realización de ese derecho.
Se trata en consecuencia de analizar experiencias concretas que se hayan desarrollado en la región en torno al régimen jurídico de la administración pública, con enfoque en derechos y garantías ciudadanas, seguridad jurídica, cauces administrativos, participación, control de la administración, entre otros aspectos.
Políticas públicas eficaces en un contexto de demandas sociales crecientes
Coordinadora: Guiselle Romero Lora. Profesora. Facultad de Gestión y Alta Dirección. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Perú
Las políticas públicas son la plasmación más concreta de la política, son lo que los gobiernos hacen o dejan de hacer para resolver los problemas colectivos. No obstante, una característica de la sociedad actual es la complejidad y la incertidumbre de los problemas a los que debe enfrentarse; así por ejemplo, en la literatura se encuentra la figura de los wicked problems: problemas malditos, difíciles de resolver debido a su naturaleza.
La sociedad viene cambiando a un ritmo acelerado, así hoy nos encontramos con procesos de toma de decisiones de políticas públicas más complejos, derivados de la entrada de nuevos tipos de actores en los procesos decisionales resultado de los cambios tecnológicos que cuestionan la intermediación de los representantes elegidos. También se debe resaltar como un elemento de complejidad, la existencia de nuevas autoridades en diferentes niveles de gobierno, que diluyen en ciertos casos la claridad respecto de quién gobierna y debe resolver los problemas colectivos; a ellos se suman las organizaciones de la sociedad civil que participan formulando políticas públicas o realizando labores de vigilancia de la gestión pública.
Otro fenómeno que afecta estos procesos es por ejemplo la globalización, así en todo el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas, se puede encontrar que los resultados finales dependen no solo de las acciones de los gobiernos y actores de un determinado territorio, sino de las acciones desarrolladas y de las decisiones adoptadas por diferentes actores que actúan en esferas territoriales y gubernamentales diferentes.
Todo lo indicado, nos da cuenta que nos encontramos frente a una sociedad compleja en la que todo cambia, excepto la administración pública, que supuestamente debería gestionar el cambio. No obstante, este es no es el caso de todas las administraciones, así, se encuentra ejemplos de gobiernos que han hecho esfuerzos para responder a los problemas colectivos de manera creativa y eficaz, incorporando nuevas formas de relación con los actores y nuevas formas de gestión, vigilancia y rendición de cuentas.
Es nuestro interés compartir en esta área temática, diversidad de ponencias y paneles que brindan experiencias de políticas públicas innovadoras y eficaces en sus respuestas a las demandas de la sociedad y a estos nuevos entornos de cambio en los procesos de toma de decisión de políticas públicas.
Gobierno abierto y el necesario impulso a la ética, la transparencia y la participación ciudadana en el sector público
Coordinador: Rafael Enrique Valenzuela Mendoza. Profesor investigador. Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). México
El gobierno abierto muestra importantes desafíos para lograr la formación de un nuevo servicio público. Destaca una visión de la transparencia que incentive la inteligencia ciudadana para transformar datos públicos en conocimiento útil a la sociedad, lo que indica, que la innovación es central para transformar el entorno en el cual, el sector público resuelve problemas y brinda servicios.
El rol de la sociedad en el marco de un gobierno abierto, implica que no se trata de un mero actor pasivo o receptor de servicios, sino productor de ideas que forman diversas voces, las cuales deben escucharse y procesarse en un modelo de comunicación abierto. Las redes sociales e internet moldean cotidianamente esta dimensión relacional del gobierno abierto. No obstante, la comunicación abierta también se explica a partir de variables políticas que hacen sostenible y fluido el diálogo entre actores en red, como son la academia, la política, la tecnología, la burocracia y ciudadanos, entre otros, que conciben la comunicación como uno de los caminos que reducen la brecha entre la teoría y práctica de un gobierno abierto.
Las sociedades latinoamericanas muestran dinámicas de cambio que exigen modernizar la gestión en la administración pública. Esto produce cuestionamientos acerca de las características y habilidades que una organización pública tiene que desarrollar, para afrontar múltiples retos en la instrumentación de un gobierno abierto. Es fundamental redefinir la transparencia y la participación ciudadana colaborativa, no solo en el ámbito del poder ejecutivo, sino en el legislativo y judicial, en las entidades subnacionales y municipales. Lo anterior brinda múltiples modelos de apertura y colaboración que conducen a debatir las vías hacia un Estado Abierto.
La ética pública es un factor crítico que condiciona la creación de lógicas colaborativas de trabajo, las cuales otorgan sentido a la función del gobierno abierto. La colaboración resulta de una adecuada articulación de tecnologías, competencias, estrategias, capacidades y habilidades desplegadas en el sector público. La formulación de un marco valorativo en el servicio público tiene el desafío de traducirlo en operación cotidiana, dirección y liderazgo público que exige un gobierno abierto.
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