Para Dayana Martínez Burke, una investigadora hondureña que perdió la vista por una negligencia médica, las personas de su misma condición son ciudadanos de primera clase. No le agrada que se hagan estas diferencias. Por eso no dudó en mencionarlo durante el V Congreso Internacional ATICA 2013, organizado en Huancayo por la Universidad Continental

¿Cómo cree que va evolucionando el tema de la discapacidad en el Perú?

Hay grandes avances en el sector discapacidad, pero en cuanto los servicios básicos hay mucho por hacer, sobre todo en la educación. Se nota el cambio respecto a la situación de accesibilidades físicas porque ahora hay más rampas para nosotros (personas con discapacidad) que antes no había. La eliminación de barreras arquitectónicas es fabuloso. Además, hablar sobre la discapacidad, es hablar ahora de un tema más abierto.

A pesar de este avance, ¿cuál es el principal problema que enfrentan estas personas?

Las barreras actitudinales, eso es lo primero. Hay que buscar que la sociedad tome conciencia de que realmente nosotros somos parte de la sociedad. De que el hecho que nos cedan un espacio público o privado no quiere decir que nos están haciendo un favor, sino que es nuestro derecho.

Respecto al acceso de empleo para este sector, ¿también hay mejoras?

Sí. A medida que exista más acceso a la capacitación de personas con discapacidad, mayor será la sensibilidad humana y se abrirán más puertas. Esto también tiene que ver con el hecho de que nosotros también debemos preocuparnos por conocer la legislación a nuestro favor y conocer cuáles son nuestros derechos, ya que también somos ciudadanos de primera clase como los demás.

¿Entonces considera que la población con discapacidad no conoce sus derechos?

Así es. Tanto las personas con algún tipo de discapacidad (auditiva, visual o motora) como la sociedad en general todavía ven esta condición como un asunto de mendicidad y la discapacidad es un asunto de derechos humanos. Somos igual que las demás personas, con mismos derechos y deberes. Simplemente por nuestro estado hay derechos que tienen algunos agregados, por ejemplo, en la educación y la salud.

¿A qué se refiere con los agregados en los derechos?

El caso de la educación, esta debe ser inclusiva. No buscamos una educación exclusiva o especial para nosotros. Queremos que los mismos temas que ven los demás, los veamos también las personas con discapacidad. Nosotros simplemente utilizamos nuevas tecnologías y formatos accesibles, ese es el agregado. Igual es en el tema de salud que va junto a una rehabilitación y el derecho a adquirir un aparato o ayuda para poder movilizarnos de un lado a otro.

¿Y ustedes también tienen deberes?

Para nosotros es un deber buscar la manera cómo integrarnos e incorporarnos a todos los temas, como por el ejemplo en la política. También debemos implementar el desarrollo inclusivo, que es un nuevo modelo de derechos humanos que significa la implementación y diseño de acciones que procuran la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos de un país, independientemente de su condición.

¿Cómo va el avance en los demás países de la región?

La realidad de este sector en similar en Latinoamérica. En Perú se tiene el Conadis (Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad), que es como el enlace entre el Estado y la sociedad. Pero hace falta el tema de la legislación, que no es solo formular o proponer leyes, sino también buscar la implementación.

¿Se tiene un registro de cuántas personas con discapacidad trabajan?

Tengo entendido que la cifra es muy baja y en algunos países es más que otros. Por ejemplo en mi país (Honduras) es muy bajo, solo un 30% de personas con discapacidad trabaja y lo ideal sería que sea el 50%. En Honduras la mayoría de personas con discapacidad están en edad laboral.

En el Perú, de acuerdo a ley, las empresas privadas deben tener a 3% de personal con alguna discapacidad y las del Estado, 5%…

Creo que las organizaciones de personas con discapacidad son las encargadas de monitorear si realmente se cumple. En mi país existe la ‘Ley de equidad y de desarrollo integral de personas con discapacidad’. Allí se establece que de cada cien trabajadores, cuatro deben ser personal con discapacidad y eso no se cumple. Entonces, no es solo que establezcan leyes, si no ver que realmente se cumplan.

(Diario La República. Entrevista de Silvia Pérez)

atica2013 dayana martinez

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